El miedo, los trámites engorrosos y peor aún la falta de seguimiento constituyen fuertes barreras para efectuar las denuncias y garantizar los derechos de niños, adolescentes, mujeres o miembros del núcleo familiar en las Juntas de Protección de Derechos.
Según los usuarios a pesar de que esta instancia debe generar acciones que impidan la vulneración de derechos no se cuenta con métodos para que las medidas de protección se cumplan entre los agredidos y peor a los agresores.
Realidad
Con su cabello trata de tapar su rostro, su mirada evidencia la desconfianza y sobre todo la molestia de nuevamente acudir a una audiencia, Mayra (nombre protegido), con apenas 16 años ha asistido varias veces y por diferentes situaciones a la Junta de Protección de Derechos de su cantón.
Sus ojos se llenan de lágrimas al relatar que si bien tiene varios inconvenientes, no sabe cómo solucionarlos, más aún cuando las peleas y maltratos de su madre son constantes.
“Le dijeron que tiene que ir al psicólogo, pero ella no hace caso, ni una sola vez ha ido y tampoco quiere que yo vaya”, dijo.
Según la menor varias veces le han notificado que debe asistir, pero de puro papel no pasa.
Situación similar vive Germania S., madre de dos niños, quien asegura que su esposo también debe recibir asistencia psicológica debido a que maltrata a sus hijos.
“Él dice que no va a ir nunca porque él no está loco. Aunque a mí no me pega a los niños sí y eso hace que tengamos problemas, pero por más que los de la Junta de Protección de Derechos ya le amenazaron de que le van a sancionar con una multa, él no va porque no pasan de amenazas”, aseguró.
DATO Solo Patate aún no cuenta con una Junta de Protección de Derechos.
Problema
En la Junta Mancomunada de Protección de Derechos del Frente Sur Occidental se explicó que en efecto no se sanciona de forma económica a quienes incumplen las medidas de protección dispuestas por esta entidad debido a que no se cuenta con una reglamentación que indique quien cobra ese rubro y en que se va a invertir.
Situación similar se evidencia en la Junta de Protección de Derechos de Pelileo, así lo explicó María Augusta Llerena, del Consejo de Cantonal de Protección de derechos de este cantón, quien aseguró también que si hace falta una herramienta que permita garantizar que no se vulneren los derechos y que se cumplan las medidas levantadas por las organizaciones competentes de atención.
Mientras tanto en Ambato, Kléver Peñaherrera, del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, aseguró que en este cantón si existe una ordenanza que establece las sanciones económicas a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas.
En esta normativa, además, se establece que los rubros deben ser utilizados para mejorar la atención social.
Análisis
Ana Arcos, del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, manifestó que a nivel nacional no existe una normativa para exigir el cumplimiento de las medidas de protección, sin mencionar que quienes acuden a estas instancias como las Juntas de Protección de Derechos son de escasos recursos.
Además, explicó que las Juntas se articulan y fusionan dependiendo de la voluntad política de las municipalidades, es así que en muchos casos no cuentan con el equipo técnico adecuado para lograr dar el seguimiento a los casos que llegan a estas instancias. (FCT)