Tribunal de cuentas

Se ha planteado la posibilidad de reformar la Ley de la Contraloría General del Estado cambiando el actual sistema unipersonal por uno en cuya cabeza se encuentre un órgano pluripersonal. Si bien no se han conocido detalles sobre la propuesta, es muy importante pensar en una revisión de la estructura y funcionamiento del órgano de control, pues como funciona en la actualidad es absolutamente inadecuado.

Se debería contar con un sistema de control moderno y que garantice una labor técnica e imparcial; un órgano de asesoría y acompañamiento y una área de justicia en la que se establezcan por ejemplo niveles de competencia en función de la cuantía, del territorio y de los entes controlados. No es lo mismo auditar a un ministerio que a una empresa petrolera; ni lo es juzgar una inobservancia reglamentaria frente a un contrato que implica un perjuicio de varios millones de dólares; ni es justo que un servidor de provincia deba trasladarse a la capital a tratar de resolver un problema establecido en algún examen especial.

Los servidores públicos se encuentran expuestos al criterio de auditores prevalidos de su condición de juzgadores de última instancia, porque las impugnaciones y recursos que se plantean ante los niveles superiores solo tienen como respuesta que lo señalado por el servidor “no modifica el comentario”, ya que aún cuando se presenten los más sólidos argumentos, estos no tiene eco alguno, pues parecería que sus empleados parten del criterio de que su trabajo está mal hecho si no hay algún “hallazgo” que amerite el establecimiento de responsabilidades. Como están las cosas, a la tesorera de un pequeño municipio y aún a sus herederos les tocará pagar cargos por alguna situación de poca monta, cuando en cambio no se establecen cargos por millones a los “compadritos lindos”.

¡Esto tiene que cambiar!