Los prófugos de la justicia que estén en ese país no podrían ser extraditados, ya que Ecuador no reconoce a la diplomacia de Nicolás Maduro.
La regla de oro en la diplomacia internacional es mantener relaciones que permitan aplicar tratados y convenciones vigentes a la hora de extraditar a personas requeridas por la justicia, según Santiago Orbe, experto en derecho internacional.
El jurista aseguró que cuando se rompe este puente también se limitan las posibilidades de cooperación directa entre los gobiernos.
El criterio es compartido por los excancilleres de la República, Mauricio Gándara y Marcelo Fernández de Córdova.
Los tres coinciden en que será complejo un proceso de extradición en el caso de Vinicio Alvarado, exministro del correísmo. Él es uno de los prófugos sentenciados a ocho años por cohecho dentro del caso ‘Sobornos 2012 – 2016’.
Actualmente, el acusado residiría en Venezuela, país desde donde rindió versiones vía telemática dentro del proceso.
Existen presunciones de que otro de los acusados en este mismo caso, Christian Viteri, también se radica en esa nación tras fugar del país.
Bache diplomático
Que el gobierno ecuatoriano no reconozca al régimen de Nicolás Maduro y sí al del interino Juan Guaidó, tendría repercusiones para traerlos por la vía de la extradición.
Orbe aseguró que no hay una representación diplomática a la que recurrir, es decir, cualquier requerimiento se debería canalizar con el régimen que tiene control sobre los poderes del Estado.
“Necesariamente debe existir un aval jurídico y político por parte de otro país”, aseguró.
Gándara también lo ve complejo, pues todos los poderes están sometidos, en Venezuela, a la voluntad de Maduro y no a la gestión de Guaidó.
¿Qué pasa con Bélgica?
Respecto del expresidente Rafael Correa, sentenciado también a ocho años como autor mediato de cohecho en el caso ‘Sobornos’, Fernández de Córdova aseguró que Ecuador tiene vigente un convenio de extradición con Bélgica, país donde reside el prófugo.
Precisó que cuatro artículos del documento, suscrito el 5 de mayo de 1887, califican la extradición del exmandatario.
El convenio que permitiría la exradición de Rafael Correa desde Bélgica data de 1887. “El quinto artículo trata de una asociación para delinquir, el octavo sobre el robo, el 17 sobre la corrupción de funcionarios públicos y el 18 también sobre corrupción”, dijo Fernández de Córdova.El diplomático agregó que antes de enviar cualquier pedido a Interpol o a entidades diplomáticas, Ecuador deberá revisar con lupa la documentación para no cometer errores que entorpezcan los trámites. Uno de ellos, dijo, es enviar la sentencia a las autoridades belgas traducida íntegramente al francés.
A criterio de Fernández, una sentencia ejecutoriada y un pedido bien fundamentado, tendrán un peso importante para que Correa retorne a Ecuador a pagar su condena.
Pronunciamientos adelantados
La exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, también fue sentenciada a ocho años por esta causa. Ella se encuentra en la Embajada de Argentina en calidad de “huésped por razones humanitarias”.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en declaraciones dadas a un programa de televisión, aseguró que Ecuador no concederá un salvoconducto en caso de que esa nación otorgue asilo político a Duarte.
El excanciller Gándara calificó las declaraciones de Romo com “un error”, ya que el Gobierno argentino todavía no se ha pronunciado al respecto e Interpol podría considerar esas palabras como una señal de intromisión de la política en el caso.
“Estas manifestaciones que nos parecen internamente inocentes tienen una repercusión inmensa mientras juzgan desde afuera”, advirtió.