Científicos, defensores de los derechos humanos y otros actores sociales consideran el veto total del COS como un retroceso.
Un mes le tomó al Gobierno de Lenín Moreno vetar totalmente el Código Orgánico de la Salud (COS), que tardó ocho años en ser aprobado. Con esta disposición, anunciada el viernes pasado, la ley no podrá volverse a tratar hasta septiembre de 2021.
El anuncio realizado la mañana del viernes por Johana Pesantez, secretaria jurídica de la Presidencia, disparó un sinnúmero de pronunciamientos sobre la decisión del ejecutivo.
Linda Guamán, reconocida científica ecuatoriana, señaló que las mujeres y la ciencia se encuentran de luto. El días pasados, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (Remci) emitió un pronunciamiento en el que exhortaba la aprobación de la ley.
“Vemos con gran preocupación los pronunciamientos de grupos, que sin sustento en evidencia científica ponen en riesgo el ejercicio de los derechos humanos y constitucionales, especialmente de mujeres”, señaló la Remci.
‘Gobierno tibio’
“Es posible que haya artículos que individualmente sirvan, pero integralmente necesita ser objetado (el COS)”, indicó Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, quien enfatizó que la ley es desactualizada y que contiene demasiadas inconsistencias y contradicciones.
En entrevista con La Hora, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se hizo eco de la explicación oficial, argumentando que el cuerpo del COS es un compendio de “22 proyectos de ley sobre salud”, además de que se desactualizó no solo con los cambios que quedarán en la pospandemia, sino porque el último debate en la Asamblea “se cerró hace un año y medio”. Y, en ese tiempo, “han pasado tantas cosas en el tema de salud, que no se pueden incorporar solamente a través del veto”, dijo.
Para Dolores Miño, abogada especialista en Derechos Humanos, resulta extraño que habiéndose debatido casi una década, apenas ahora el ejecutivo alegue una supuesta desactualización. “Podía haber incluido esas modificaciones. No hacía falta objetar todo el COS, especialmente porque ello supone que no será posible un debate en un año”.
Lo que esto demuestra, agrega Miño, es tibieza y una absoluta falta de compromiso con el deber de respeto y garantía de los derechos de las mujeres y las niñas.
El criterio es compartido por Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, para quien el actuar del Gobierno significa un retroceso sobre garantías básicas como la atención en casos de emergencias obstétricas, sin anteponer la objeción de conciencia. Es decir, negarle (por creencias ideológicas o religiosas) la atención a una mujer que llegue a un hospital con una hemorragia fetomaterna o negar el acceso a anticonceptivos.
Sin embargo, hace énfasis en que esto no debe ser motivo para que se vulneren garantías ya establecidas: “Que no crean los grupos antiderechos que pueden denunciar a las mujeres (que hayan sido atendidas con abortos en curso) porque el derecho a la confidencialidad es un derecho constitucional”.
‘Participación fue activa’
“No hay ni un solo argumento de peso que justifique el veto total del Código de la Salud, todas las razones dadas pudieron ser objetadas a través de un veto parcial”, dijo Sebastián Palacios, asambleísta.
Palacios, miembro de la Comisión de Salud, desmintió que haya desactualización en la ley ya que hubo participación activa de este Gobierno en la construcción del Código. En los últimos años, destacó Palacios, la Comisión ha recibido a médicos, sociedad civil y científicos antes de aprobar el COS, el pasado 25 de agosto.
‘Presión religiosa y política’
Pesantez quien fue también asesora jurídica directa del ahora prófugo expresidente Rafael Correa, así como de su entonces secretario jurídico y hoy preso Alexis Mera, insistió en que la decisión de Moreno fue netamente técnica y que nada tuvo que ver la presión de grupos conservadores que pidieron el veto total del COS.
Josué Berrú, vocero de la Red Ecuatoriana de Fe, dice que no hay claridad sobre los criterios técnicos que motivaron la objeción total y considera que sí hubo presión político-religiosa de los autodenominados grupos ‘provida’.
“Tienen mucho poder político, la derecha conservadora católica y evangélica”, agregó el también sicólogo clínico.
Los grupos mencionados por Berrú son los que pidieron –inclusive con marchas y plantones– el veto total de la ley, a diferencia de otros sectores que pedían un veto parcial. “Hay un claro mensaje político de apoyo a los sectores conservadores antiderechos”, reitera Berrú.
En manos de próximo Gobierno
El COS se convierte en una de las primeras competencias del gobierno que sea elegido en 2021.
“Al estar esto en manos de la próxima legislatura es importante que la ciudadanía haga un examen de conciencia (…) tenemos que hacer hombro a las agendas políticas que garanticen los derechos de las niñas y las mujeres”, opina Berrú.
Para Gómez de la Torre este veto deja “un escenario de terror” pues el próximo mandato hereda “el irrespeto del Gobierno saliente a las luchas emprendidas por la sociedad civil” que fue la que, a través de firmas, planteó – en 2012– la necesidad de contar con el COS.
Antes de que exista el cambio de régimen y ante la imposibilidad de hacer algo por objetar el veto al COS; la activista cree que es momento de conminar a la Corte Constitucional (CC) para que despenalice el aborto por violación que la Asamblea negó hace en septiembre de 2019.
El antecedente de haber negado la despenalización del aborto para niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, recuerda Miño, han hecho que Ecuador reciba múltiples llamados de atención de diversos organismos de Derechos Humanos (DDHH) en el sentido de asegurar el derecho a la salud en materia sexual y reproductiva.
“No aprobar las reformas al COS en ese sentido, implica violar el deber de observar el control convencional, es decir, el respeto por las obligaciones internacionales de DDHH”. (AVV)A
Hubo apoyo conservador
Esteban Torres, asambleísta, manifestó que el veto es una “buena noticia” y resaltó que la ley tenía ideologías de elites internacionalistas que no son propias del país.
El también legislador, Héctor Yépez, resaltó que la decisión del ejecutivo está a favor de la familia, la vida y los médicos.
Agregó que no era posible aprobar los vientres de alquiler ni “abrirle la puerta al aborto”. Esto pese a que la legalización del aborto es competencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y no del COS.
«A pesar de que hay temas en el Código que son buenos y tendrán que volverse a poner en debate, no podemos juzgar al COS por unos artículos o unos temas, porque la tarea del código es diseñar el sistema de salud”.
María Paula Romo
Ministra de Gobierno
“No nos confundamos: la objeción total al COS es producto de un presidente tibio, a quien no le importa los derechos de las mujeres, y que para colmo, no es capaz de decir de frente, las verdaderas razones para su decisión”, Dolores Miño, abogada especialista en Derechos Humanos.
“En un Gobierno que no ha hecho ni un solo esfuerzo por garantizar a las mujeres la salud sexual y reproductiva, no se podía esperar una noticia más acorde”, Virginia Gómez de la Torre, directora Fundación Desafío.
“No hay ni un solo argumento de peso que justifique el veto total del Código de la Salud, todas las razones dadas pudieron ser objetadas a través de un veto parcial”, Sebastián Palacios, asambleísta.