Con indignación reaccionan los padres de familia por la situación que se vive a nivel de la educación particular, no solo por la posible alza de las matrículas y pensiones sino también por cuanto se estaría exigiendo la firma de una letra de cambio en blanco como compromiso de pago a la institución.
Según los representantes de los estudiantes no se explican si esto es legal o es un invento de las autoridades de esas escuelas para presionar el pago.
Situación
A la puerta de que arranque el ciclo académico 2020-2021 para el régimen Sierra-Amazonía, el próximo primero de septiembre, los inconvenientes para acceder a la educación particular se encuentra en el ojo del huracán, más aún con la crisis económica que afecta al país.
Para Fabián A., padre de familia, es inconcebible que la educación se vuelva una mercancía. “Tenemos que firmar una letra en blanco, como a usureros, para que nuestros hijos puedan estudiar”, comentó.
A decir del padre de familia cada año existen inconvenientes, ya que se incremente constantemente el costo de la pensión, pero este año piensa que se extralimitaron.
“Lo que se explicó es que varios padres de familia quedaron debiendo de las pensiones luego de que inició la emergencia sanitaria y es por ello que buscan asegurarse”, dijo.
Otro padre de familia manifestó que muchas instituciones no miden la crisis y las necesidades actuales, “nosotros decidimos cambiar a mis hijos de la educación fiscal a la particular, no porque tengamos dinero sino por la cercanía a la vivienda y para que ellos tengan facilidad en el traslado”, comentó, mientras explicaba que no se llegó a ningún acuerdo para el descuento de los meses que se trabajó de forma virtual.
El padre de familia aseguró que incluso a las personas que no pagan completamente de los meses atrasados no les permiten la matriculación.
Autoridad
Juan José Simon, coordinador zonal 3 de la Defensoría del Pueblo, manifestó que esta es una forma incorrecta de llegar a acuerdos y compromisos entre las partes y que las autoridades de educación deberían controlar estas prácticas mal sanas.
“Nosotros como institución nacional de derechos humanos estaremos vigilantes de que se cumplan los derechos al acceso a la educación”, dijo.
Según la autoridad estas acciones se pueden denunciar a través de portal.dpe.gob.ec para realizar el seguimiento respectivo.
Desde la Coordinador Zonal 3 de Educación se indicó que no existe ninguna figura legal que impida esta práctica y que se considera que es un acuerdo entre las autoridades de la institución educativa y los padres de familia la misma que debe realizarse con la responsabilidad de las partes.
Además, se indicó que en este documento se deben citar solo los valores que están regulados con la normativa vigente. (FCT)