Uribe, positivo para Covid-19

Bogotá. Seguidores del expresidente colombiano y actual senador Álvaro Uribe Vélez gritaron consignas y ondearon la bandera nacional en protesta contra su orden de detención. EFE
Bogotá. Seguidores del expresidente colombiano y actual senador Álvaro Uribe Vélez gritaron consignas y ondearon la bandera nacional en protesta contra su orden de detención. EFE

Redacción BOGOTÁ

La orden de detención domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) es apenas el comienzo de una larga travesía en el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

Horas después de anunciado el fallo fuentes de su partido informaron que una misión médica detectó su contagio de Covid-19 tras realizarle la prueba en la finca «El Ubérrimo», donde está pasando la cuarentena y donde presumiblemente permanecerá en detención domiciliaria.

El alto tribunal determinó el martes que el exmandatario y senador será privado de su libertad porque, encontró «posible obstrucción de la Justicia, respecto al recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos» que lo involucran.

La decisión de la Corte Suprema causó una enorme controversia en el país, donde la figura de Uribe es venerada por sus seguidores y cuestionada con severidad por sus opositores.

El otro lado de la moneda

El senador de izquierdas Iván Cepeda, contraparte en este proceso, fue demandado en 2012 por Uribe por supuesta manipulación de testigos mientras preparaba una denuncia en el Congreso en contra del expresidente por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no solo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

Pesos en contra

La decisión de la Corte, en opinión de los detractores de Uribe y de organizaciones sociales, es el primer paso para que se comience a hacer justicia.

Se vincula Uribe a varios casos, desde matanzas de campesinos a manos de paramilitares hasta la ejecución de civiles por parte de militares, los llamados «falsos positivos», pasando por la corrupción y el espionaje de opositores.

La directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Gimena Sánchez-Garzoli, sostuvo que «este caso involucra a los abogados del expresidente haciendo pagos a los testigos exparamilitares para que puedan cambiar sus testimonios e incriminar falsamente a un adversario político», expresó.

Uribistas quieren reforma judicial

Ante la detención del expresidente, la senadora Paloma Valencia, del partido oficialista Centro Democrático, fundado por Uribe, propuso una Asamblea Constituyente que incluya una «gran reforma a la Justicia» que conciba la unificación de las altas cortes. En Colombia además de la Suprema existe la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.

«Una sola corte que le permita unificación, claridad y predecibilidad al sistema, que anule el sentimiento de selectividad y de trampa que muchos colombianos denuncian. Una sola corte con magistrados íntegros que representan a los colombianos y que no tengan una puerta giratoria con la política», expresó Valencia.