Abandonados y contaminados por la minería

NECESIDAD. Uno de los argumentos de quienes se dedican a la minería ilegal, es que el estado no le permite acceder  fuentes de trabajo.
NECESIDAD. Uno de los argumentos de quienes se dedican a la minería ilegal, es que el estado no le permite acceder fuentes de trabajo.

Solo siete de 51 frentes mineros activos han sido desmantelados. La gente de la zona se queda sin agua segura.

No son 10 ni 20, entre niños, adultos, embarazadas y abuelos llegan a 63.615 los que reportan afectaciones ambientales, de salud y económica por la actividad minera ilegal y abandono estatal en los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Quinindé, de la provincia de Esmeraldas.

La Alianza por los Derechos Humanos que agrupa a 18 organizaciones defensoras de la naturaleza y la vida, tienen cifras que desconciertan. Revelan que solo el 1,3% de la población de la zona norte tiene estudios superiores y viven con un 92,67% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

Y tiene más. En las áreas rurales de Eloy Alfaro, un 60% de su gente habita en casas con paredes, piso y techo generalmente de madera y zinc; el 30.7% en ranchos o chozas de madera o guadúa descubiertas en parte; el 7% en mediaguas, construcciones provisorias adjuntas a otra casa, que son por lo general de caña guadúa.

Nacionalidades

La Alianza ha hecho suya la frase: ¡Verdad, justicia y reparación! La reparación va hacia los impactos ambientales y la salud generada por la actividad minera a cielo abierto que tiene feliz a una minoría que depende directamente de esa actividad sin respaldo legal. Los demás al igual que ellos, están sin agua segura por la contaminación de 32 fuentes de agua y los problemas en la piel.

Son alrededor de 119 comunidades campesinas e indígenas, entre las nacionalidades Chachi, Épera y el pueblo Afroecuatoriano asentadas en la ribera de ríos como el Cayapas, Ózonle, Santiago, San Miguel, Rioverde, Zapallo, Canandé, Viche, Sucio y Cojimíes donde hay alguna consecuencia de la minería.

“La población en el cantón Eloy Alfaro no puede acceder a agua apta para el consumo humano, no les es posible pescar y obtener su alimento”, alerta la Alianza por los Derechos Humanos. Al tiempo que demanda del Estado la conformación de manera inmediata de una mesa técnica de alto nivel.

REACCIÓN. En un acción conjunta entre Fuerzas Armadas, Fiscalía y Arcom se destruyeron frentes mineros de la zona norte de Esmeraldas.
REACCIÓN. En un acción conjunta entre Fuerzas Armadas, Fiscalía y Arcom se destruyeron frentes mineros de la zona norte de Esmeraldas.

Medidas cautelares

Piden que se incluya la participación de profesionales especializados en salud y seguridad y que, “de manera indispensable, cuente con asesoría permanente de organizaciones indígenas, no indígenas, afrodescendientes y campesinas con experticia en trabajo con estos pueblos y territorios a efectos de garantizar la pertinencia de su intervención y minimizar los potenciales daños”.

En 2011 se presentó acción de protección que generó medidas cautelares ratificadas en agosto de 2018, por el Juzgado Multicompetente de San Lorenzo, que disponía que toda la minería -legal e ilegal- que prohibida en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, porque el 80% de los ríos están contaminados con metales pesados y substancias tóxicas provenientes de la actividad minera, sin que, hasta el momento, se haya determinado los efectos en la salud de las poblaciones y los ecosistemas. “Constituyéndose, entonces, los impactos causados por esta explotación aurífera en una violación a los derechos humanos y de la naturaleza”, denuncia a Alianza que busca que el tema jurídico se eleve a la Corte Constitucional. (MGQ)

El golpe hacia lo mineros

El 29 de mayo la Fuerzas Armadas incursionó en el recinto Angostura, parroquia Selva Alegre del cantón Eloy Alfaro, al norte de Esmeraldas, para destruir cinco frente mineros. La estrategia fue inhabilitar las retroexcavadoras quitándoles el cerebro y control de mando.

Aquello es una acción temporal, por cuanto datos Inteligencia revelan que hay grupos irregulares financiando la actividad, ya que cada máquina superaría la capacidad económica de una población rodeada de pobreza y vegetación afectada por la actividad minera.

“La minería es lo único que tenemos”, “solo vienen a hacernos daño”, “las maquinarias son de la comunidad”, “estamos dispuestos a pelear”, son las respuestas de comuneros que viven de la minería a cielo abierto.