Empiezan desalojos de viviendas y locales por falta de pago de arriendos

Preocupación. Varios inmuebles han sido ya desocupados.
Preocupación. Varios inmuebles han sido ya desocupados.

La nostalgia invade el rostro de Mayra Beltrán, madre de familia. Ella alquila un mini departamento al sur de Ambato desde hace ya un año, donde vive con su esposo y sus dos hijos.

La pareja es comerciante, sin embargo, desde que se decretó el estado de emergencia no pudieron vender lo suficiente como para solventar los gastos del arriendo y tampoco han podido llegar a un acuerdo con el propietario del inmueble.

“Con las restricciones no pudimos vender la mercadería, nadie está dispuesto a comprar ropa en esta emergencia donde hay otras prioridades”, comentó, al tiempo de asegurar que entiende también al dueño de casa, pues es un adulto mayor y vive de eso.

Según la ciudadana, aunque nadie le pidió que desaloje el departamento cree que es mejor retirarse, pues ya adeuda más de dos meses.

“Usamos lo poco que vendimos y los ahorros para la alimentación de los niños y para pagar algo del arriendo, pero no podemos seguir así, por eso es mejor devolver el cuarto y buscar algo más económico, aunque sea lejos”, comentó.

Un caso similar es el de Marco Núñez, él vive en la parroquia Santa Rosa con su esposa y tres hijos, y cuenta que después del primer mes de que empezó la cuarentena su dueña de casa le exigía el pago del arriendo, sin embargo, Núñez no podía cancelarlo porque es vendedor informal y no había tenido ingresos, y lo único que a veces podía vender era para dar de comer a su familia.

Este hombre manifestó que a pesar que conoce que hay una ley que le permite llegar a un acuerdo con los arrendatarios, la relación con la dueña de casa era insoportable, “ahora que cambió de semáforo he preferido irme con mi familia donde un primo, hasta poder volver a tener algo de dinero y buscar un lugar donde vivir”, manifestó Núñez.

Desalojos

Esta es la realidad de varias familias que no saben cómo cancelar el arriendo atrasado por causa de la pandemia, y aunque existe una ley que llama a mantener acuerdos esta no es suficiente.

Según datos del último censo poblacional del INEC, 26.755 hogares en Tungurahua viven bajo arriendo, esto es cerca del 20%.

Desde la Defensoría del Pueblo se informó que se registran alrededor de 25 casos de inconvenientes en el tema de inquilinato por falta de pago.

Sin embargo, no solo en los espacios de vivienda se evidencia la problemática, sino también en locales comerciales y de oficinas, ya que se ha empezado a desalojar los inmuebles.

Francisco Ortiz, es diseñador gráfico de profesión, pero se dedicó a la fotografía, para lo cual arrendaba un local donde prestaba sus servicios, el mismo que tuvo que cerrar desde la emergencia sanitaria y ahora no ha podido retornar, pues asegura que si antes esta rama ya estaba bastante golpeada ahora mucho más.

“Mis ahorros están destinados a la manutención de mi familia y aunque ya hablé con el dueño del local para que me espere del arriendo, creo que no será posible volver a abrir”, dijo al tiempo de comentar que desalojará el local y tratará de laborar en línea o por redes sociales.

Desacuerdos

Para Elizabeth Salinas, profesional del derecho, en efecto no todos cumplen lo dispuesto por La Ley Humanitaria aprobada recientemente en la Asamblea, donde se establece que el arrendatario puede pagar el 30% del arriendo y el resto se debe llegar a un acuerdo, pero lamentablemente no se acata.

Según Salinas a pesar de que hay esta normativa “no existe un amparo legal, una directriz necesaria en caso de incumplir lo dispuesto en la normativa”, al tiempo de explicar que es por ello que existen varios inconvenientes.

Juan José Simon, coordinador Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo, manifestó que se ha emitido un exhorto a los arrendatarios para que, con espíritu solidario, no desalojen de sus viviendas a las personas que no puedan cancelar el rubro de los arrendamientos por las condiciones actuales de la emergencia sanitaria, considerando, además, que esta acción sería ilegal e ilegítima.

Además, aseguró que en los casos que se ha mediado en las oficinas de esta dependencia, los acuerdos han sido positivos. (FCT)