Manifestantes enfrentarán juicios en Tungurahua

Situación. Durante la paralización, grupos indígenas se tomaron las plantas de tratamiento de agua potable.
Situación. Durante la paralización, grupos indígenas se tomaron las plantas de tratamiento de agua potable.
Situación. Durante la paralización, grupos indígenas se tomaron las plantas de tratamiento de agua potable.
Situación. Durante la paralización, grupos indígenas se tomaron las plantas de tratamiento de agua potable.
Situación. Durante la paralización, grupos indígenas se tomaron las plantas de tratamiento de agua potable.
Situación. Durante la paralización, grupos indígenas se tomaron las plantas de tratamiento de agua potable.
Situación. Durante la paralización, grupos indígenas se tomaron las plantas de tratamiento de agua potable.
Situación. Durante la paralización, grupos indígenas se tomaron las plantas de tratamiento de agua potable.

Ante los hechos suscitados durante la paralización del país desde el 3 hasta al 14 de octubre, los sectores productivos de Tungurahua elaboraron un documento con ocho puntos en los que se expresa, a la opinión pública, su descontento ante el accionar de varias autoridades y también de la fuerza pública durante las manifestaciones.

Entre los temas que se toman en cuenta consta la solicitud al Gobierno Nacional para que se designe como representantes de sus ministerios a personas con “liderazgo, autoridad, experiencia y con capacidad de negociación”.

Así mismo se exhorta al Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) e instituciones financieras públicas y privadas, se busque un mecanismo para brindar las facilidades de pago de obligaciones, ante la paralización del sector productivo.

Acciones

El quinto punto del documento dice que el Consorcio iniciará “con la judicialización de los autores materiales e intelectuales, así como también de los cómplices y encubridores de los delitos que se han cometido”.

Diego Mosquera, presidente de la Cámara de Comercio de Ambato, mencionó que actualmente se están reuniendo los documentos necesarios que permitan iniciar con la acción legal, la cual se presentará ante las autoridades a finales de este mes.

“No solo fue el corte de agua y la dificultad de movilizarse por las vías de la ciudad, sino también los daños y perjuicios que han tenido cada uno de los empresarios, comerciantes y establecimientos de diferente índole en la ciudad”, dijo Mosquera.

Pérdidas

La Cámara de Industrias de Tungurahua cuantifica una pérdida aproximada de 200 millones de dólares durante los 11 días de paro nacional, así lo indicó el presidente de la entidad Santiago Vargas.

Según Vargas todo tipo de empresas e industrias se han visto afectadas, entre ellas mencionó al sector avícola, el cual registró 8 millones de huevos represados, aves muertas por la falta de alimentos, entre otros inconvenientes.

De igual forma dijo que se tuvieron que botar alrededor de 300 mil litros de leche diarios por la falta de transporte y traslado de los productos hasta otras empresas dedicadas a la elaboración de quesos o yogurt.

Sobre los sectores textiles, carroceros, entre otros que no trabajan con productos perecibles, indicó que se perdieron negocios por el incumplimiento en el traslado de mercadería, carrocerías, entre otros artículos que se manufacturan en Tungurahua. (RMC)

Más acciones judiciales

Una vez concluido el paro nacional que duró 11 días y que fue protagonizado en primera instancia por los trasportistas y posteriormente por el movimiento indígena y grupos sociales, se mantiene abierta una investigación a fin de evaluar si existe algún delito en contra de derechos de los ciudadanos.

Rommel Navarrete, comandante de la Subzona de Policía Nº18 Tungurahua, mencionó que en la provincia se realizaron 29 detenciones en todas las jornadas de protesta, sin embargo, actualmente ninguno de los detenidos guarda prisión, puesto que se les otorgó medidas alternativas y quedaron en libertad.

Pero el Jefe de la Policía, manifestó que la posición de la institución es firme. “El que cometió un delito tiene que ser puesto a órdenes de la autoridad competente”, dijo al tiempo de asegurar que el tomarse una fuente de agua y privar de un servicio básico es considerado un delito.

Ante los hechos suscitados durante la paralización del país desde el 3 hasta al 14 de octubre, los sectores productivos de Tungurahua elaboraron un documento con ocho puntos en los que se expresa, a la opinión pública, su descontento ante el accionar de varias autoridades y también de la fuerza pública durante las manifestaciones.

Entre los temas que se toman en cuenta consta la solicitud al Gobierno Nacional para que se designe como representantes de sus ministerios a personas con “liderazgo, autoridad, experiencia y con capacidad de negociación”.

Así mismo se exhorta al Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) e instituciones financieras públicas y privadas, se busque un mecanismo para brindar las facilidades de pago de obligaciones, ante la paralización del sector productivo.

Acciones

El quinto punto del documento dice que el Consorcio iniciará “con la judicialización de los autores materiales e intelectuales, así como también de los cómplices y encubridores de los delitos que se han cometido”.

Diego Mosquera, presidente de la Cámara de Comercio de Ambato, mencionó que actualmente se están reuniendo los documentos necesarios que permitan iniciar con la acción legal, la cual se presentará ante las autoridades a finales de este mes.

“No solo fue el corte de agua y la dificultad de movilizarse por las vías de la ciudad, sino también los daños y perjuicios que han tenido cada uno de los empresarios, comerciantes y establecimientos de diferente índole en la ciudad”, dijo Mosquera.

Pérdidas

La Cámara de Industrias de Tungurahua cuantifica una pérdida aproximada de 200 millones de dólares durante los 11 días de paro nacional, así lo indicó el presidente de la entidad Santiago Vargas.

Según Vargas todo tipo de empresas e industrias se han visto afectadas, entre ellas mencionó al sector avícola, el cual registró 8 millones de huevos represados, aves muertas por la falta de alimentos, entre otros inconvenientes.

De igual forma dijo que se tuvieron que botar alrededor de 300 mil litros de leche diarios por la falta de transporte y traslado de los productos hasta otras empresas dedicadas a la elaboración de quesos o yogurt.

Sobre los sectores textiles, carroceros, entre otros que no trabajan con productos perecibles, indicó que se perdieron negocios por el incumplimiento en el traslado de mercadería, carrocerías, entre otros artículos que se manufacturan en Tungurahua. (RMC)

Más acciones judiciales

Una vez concluido el paro nacional que duró 11 días y que fue protagonizado en primera instancia por los trasportistas y posteriormente por el movimiento indígena y grupos sociales, se mantiene abierta una investigación a fin de evaluar si existe algún delito en contra de derechos de los ciudadanos.

Rommel Navarrete, comandante de la Subzona de Policía Nº18 Tungurahua, mencionó que en la provincia se realizaron 29 detenciones en todas las jornadas de protesta, sin embargo, actualmente ninguno de los detenidos guarda prisión, puesto que se les otorgó medidas alternativas y quedaron en libertad.

Pero el Jefe de la Policía, manifestó que la posición de la institución es firme. “El que cometió un delito tiene que ser puesto a órdenes de la autoridad competente”, dijo al tiempo de asegurar que el tomarse una fuente de agua y privar de un servicio básico es considerado un delito.

Ante los hechos suscitados durante la paralización del país desde el 3 hasta al 14 de octubre, los sectores productivos de Tungurahua elaboraron un documento con ocho puntos en los que se expresa, a la opinión pública, su descontento ante el accionar de varias autoridades y también de la fuerza pública durante las manifestaciones.

Entre los temas que se toman en cuenta consta la solicitud al Gobierno Nacional para que se designe como representantes de sus ministerios a personas con “liderazgo, autoridad, experiencia y con capacidad de negociación”.

Así mismo se exhorta al Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) e instituciones financieras públicas y privadas, se busque un mecanismo para brindar las facilidades de pago de obligaciones, ante la paralización del sector productivo.

Acciones

El quinto punto del documento dice que el Consorcio iniciará “con la judicialización de los autores materiales e intelectuales, así como también de los cómplices y encubridores de los delitos que se han cometido”.

Diego Mosquera, presidente de la Cámara de Comercio de Ambato, mencionó que actualmente se están reuniendo los documentos necesarios que permitan iniciar con la acción legal, la cual se presentará ante las autoridades a finales de este mes.

“No solo fue el corte de agua y la dificultad de movilizarse por las vías de la ciudad, sino también los daños y perjuicios que han tenido cada uno de los empresarios, comerciantes y establecimientos de diferente índole en la ciudad”, dijo Mosquera.

Pérdidas

La Cámara de Industrias de Tungurahua cuantifica una pérdida aproximada de 200 millones de dólares durante los 11 días de paro nacional, así lo indicó el presidente de la entidad Santiago Vargas.

Según Vargas todo tipo de empresas e industrias se han visto afectadas, entre ellas mencionó al sector avícola, el cual registró 8 millones de huevos represados, aves muertas por la falta de alimentos, entre otros inconvenientes.

De igual forma dijo que se tuvieron que botar alrededor de 300 mil litros de leche diarios por la falta de transporte y traslado de los productos hasta otras empresas dedicadas a la elaboración de quesos o yogurt.

Sobre los sectores textiles, carroceros, entre otros que no trabajan con productos perecibles, indicó que se perdieron negocios por el incumplimiento en el traslado de mercadería, carrocerías, entre otros artículos que se manufacturan en Tungurahua. (RMC)

Más acciones judiciales

Una vez concluido el paro nacional que duró 11 días y que fue protagonizado en primera instancia por los trasportistas y posteriormente por el movimiento indígena y grupos sociales, se mantiene abierta una investigación a fin de evaluar si existe algún delito en contra de derechos de los ciudadanos.

Rommel Navarrete, comandante de la Subzona de Policía Nº18 Tungurahua, mencionó que en la provincia se realizaron 29 detenciones en todas las jornadas de protesta, sin embargo, actualmente ninguno de los detenidos guarda prisión, puesto que se les otorgó medidas alternativas y quedaron en libertad.

Pero el Jefe de la Policía, manifestó que la posición de la institución es firme. “El que cometió un delito tiene que ser puesto a órdenes de la autoridad competente”, dijo al tiempo de asegurar que el tomarse una fuente de agua y privar de un servicio básico es considerado un delito.

Ante los hechos suscitados durante la paralización del país desde el 3 hasta al 14 de octubre, los sectores productivos de Tungurahua elaboraron un documento con ocho puntos en los que se expresa, a la opinión pública, su descontento ante el accionar de varias autoridades y también de la fuerza pública durante las manifestaciones.

Entre los temas que se toman en cuenta consta la solicitud al Gobierno Nacional para que se designe como representantes de sus ministerios a personas con “liderazgo, autoridad, experiencia y con capacidad de negociación”.

Así mismo se exhorta al Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) e instituciones financieras públicas y privadas, se busque un mecanismo para brindar las facilidades de pago de obligaciones, ante la paralización del sector productivo.

Acciones

El quinto punto del documento dice que el Consorcio iniciará “con la judicialización de los autores materiales e intelectuales, así como también de los cómplices y encubridores de los delitos que se han cometido”.

Diego Mosquera, presidente de la Cámara de Comercio de Ambato, mencionó que actualmente se están reuniendo los documentos necesarios que permitan iniciar con la acción legal, la cual se presentará ante las autoridades a finales de este mes.

“No solo fue el corte de agua y la dificultad de movilizarse por las vías de la ciudad, sino también los daños y perjuicios que han tenido cada uno de los empresarios, comerciantes y establecimientos de diferente índole en la ciudad”, dijo Mosquera.

Pérdidas

La Cámara de Industrias de Tungurahua cuantifica una pérdida aproximada de 200 millones de dólares durante los 11 días de paro nacional, así lo indicó el presidente de la entidad Santiago Vargas.

Según Vargas todo tipo de empresas e industrias se han visto afectadas, entre ellas mencionó al sector avícola, el cual registró 8 millones de huevos represados, aves muertas por la falta de alimentos, entre otros inconvenientes.

De igual forma dijo que se tuvieron que botar alrededor de 300 mil litros de leche diarios por la falta de transporte y traslado de los productos hasta otras empresas dedicadas a la elaboración de quesos o yogurt.

Sobre los sectores textiles, carroceros, entre otros que no trabajan con productos perecibles, indicó que se perdieron negocios por el incumplimiento en el traslado de mercadería, carrocerías, entre otros artículos que se manufacturan en Tungurahua. (RMC)

Más acciones judiciales

Una vez concluido el paro nacional que duró 11 días y que fue protagonizado en primera instancia por los trasportistas y posteriormente por el movimiento indígena y grupos sociales, se mantiene abierta una investigación a fin de evaluar si existe algún delito en contra de derechos de los ciudadanos.

Rommel Navarrete, comandante de la Subzona de Policía Nº18 Tungurahua, mencionó que en la provincia se realizaron 29 detenciones en todas las jornadas de protesta, sin embargo, actualmente ninguno de los detenidos guarda prisión, puesto que se les otorgó medidas alternativas y quedaron en libertad.

Pero el Jefe de la Policía, manifestó que la posición de la institución es firme. “El que cometió un delito tiene que ser puesto a órdenes de la autoridad competente”, dijo al tiempo de asegurar que el tomarse una fuente de agua y privar de un servicio básico es considerado un delito.