Inexcusable error

Ángel Polibio Chaves

Rafael Correa obtuvo la autorización del pueblo para meterle la mano a la justicia, lo que aprovechó de la mejor manera no solamente reorganizando los juzgados y tribunales a su antojo, sino cambiando las reglas de juego a través de disposiciones legales y reglamentarias que le permitían un control de las decisiones judiciales; entre otras linduras de la legislación aprobada por los dóciles miembros de la Asamblea, se destaca el llamado “error inexcusable”, mediante el cual se podía controlar los “deslices” de algunos operadores de justicia al adoptar resoluciones ajenas al interés del gobierno.

Lamentablemente, ni entonces ni ahora, se ha planteado la posibilidad de corregir ese error; el Consejo de la Judicatura que no es sino un órgano de administración de la justicia y que, como ya ocurrió en el pasado, pudo estar dirigido por ingenieros informáticos o profesionales de cualquier otra especialidad y no necesariamente por abogados, tiene la facultad para juzgar las decisiones judiciales y determinar si en ellas el juzgador ha incurrido en un “error inexcusable”; como si mañana, un tribunal conformado por profesionales de las artes plásticas o la ingeniería electrónica, tuviere la potestad de juzgar la actuación de un médico en una intervención quirúrgica.

El Cogep, que regula los procedimientos, fue publicitado como la solución a la demora en la administración de justicia. Se invirtieron enormes cantidades de dinero para mejorar la infraestructura de juzgados y tribunales; se les dotó de equipamiento moderno, e incluso se mejoró sustancialmente la remuneración del personal de la Función. Penosamente, es muy poco lo que se ha logrado en cuanto a eficiencia y celeridad en los trámites. Es hora de proceder a una evaluación serena de lo que se ha logrado y proponer las enmiendas necesarias.

La legislatura, despojándose de dogmas y compromisos con el gobierno, tiene allí una importante y urgente labor.