Iván Paredes
Lo sucedido en el proceso legal que involucra los intereses y la reputación del Estado ecuatoriano, realmente causa asombro e indignación y no lo decimos en calidad de profesional en Derecho sino como un ciudadano común y silvestre que tiene el deber y la responsabilidad cada día de laborar más de las ocho horas que establece la Ley, donde debemos cumplir a raja tabla horarios y obligaciones, pero más allá de lo expuesto por principios y valores que nos han formado para demostrar ser profesionales a cabalidad respetando por encima de todo el tiempo de las demás personas.
Cuando enfocamos nuestras acciones solamente por intereses y beneficios individuales y grupales, hacemos un grave daño al conjunto social donde nos desenvolvemos, más cuando, ese Estado nos da la oportunidad para demostrar y aplicar nuestros conocimientos y vocación adquirimos el compromiso de priorizar estas aptitudes, lo que realza nuestra personalidad y fortalece nuestro espíritu; pero ello, no ha sido considerado por quienes debían estar a la hora señalada para representar y defender los haberes de todos nosotros, más cuando, les entregamos la confianza no lo han demostrado, en una delicada institución estatal como es la Procuraduría General del Ecuador, donde deben estar profesionales con las más notables exigencias, donde tienen la representación técnica-jurídica de defensa legal de nuestra nación, no lo demostraron; entonces, nosotros, los ciudadanos como podemos confiar en que nuestros impuestos, trabajo y hasta el futuro y progreso se encuentra en buenas manos, cómo podemos asegurarnos que en la función pública están los mejores profesionales como así lo indica el Código Orgánico de la Meritocracia. Causa cólera que al ser la víctima el Ecuador quede en la indefensión y para justificar señalen que la fiscalía puede pedir la reparación integral, y todos contentos.