Martha Moreta vive en un complejo de lzamba desde hace seis años y hace dos meses una recicladora empezó a funcionar a diez pasos de su casa.
Este sería uno de cuatro recicladoras que están en una cuadra junto a más de 50 viviendas. Los vecinos aseguran que su presencia ya les ha causado varios inconvenientes.
Moreta dice que en la zona hay moscas, por lo que ha debido implementar plantas carnívoras para combatir esta plaga.
Asegura que como complejo habitacional se planteó la posible reubicación de las recicladoras o al menos se cumpla con las reglas ambientales para dar una mejor presentación de dichos depósitos de desechos.
Mientras que Patricio Calero, tiene una cafetería junto a una de las recicladoras, también en Izamba, sin embargo, aun cuando ha invertido en mejorar su negocio, sigue sin generar recursos.
Comenta que ha presentado oficios en el Ministerio de Ambiente (MAE) y en el Municipio para que se analice esta realidad que presenta contaminación, pero no habría recibido respuesta.
CIFRA: 400 DÓLARES Sería la base de la multa de las
instituciones que no cuenten con permiso ambiental.
No hay sanciones
María Tocte, propietaria de un depósito de reciclaje desde hace 10 años, dijo que ella cuenta con los permisos que le obliga el MAE, en cuanto al manejo y las condiciones que deben tener estos espacios con clasificación de material, aseo, desinfección y accesos.
Aseguró que desde la pandemia hay más personas que se dedican a esta actividad sin que nadie los regule porque abren un espacio y al poco tiempo lo cierran.
“A nosotros nos piden cumplir con muchas medidas y nos toca hacerlo, pero, las autoridades deberían hacer las inspecciones para que todos cumplamos lo que nos piden las autoridades”, dijo Tocte.
Esta realidad no es nueva, por ello en 2019 se anunció que los centros de reciclaje que no tengan permisos será sancionados, este medio solicitó información al MAE sobre el particular, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.
Diego Cisneros, responsable de la Dirección de Gestión y Calidad Ambiental del Gobierno Provincial, dijo que la responsabilidad sobre las sanciones recae en el MAE, sin embargo, se debe analizar desde los entes como el Municipio, para otorgar o no la ubicación de los centros de acopio conforme a lo establezca la ordenanza de uso de suelo.
Desde la Empresa Pública Municipal de Gestión Integral de Manejo de Desechos Sólidos de Ambato (Gidsa) se aclaró que esta no entrega ningún permiso de funcionamiento para las recicladoras.
La ley
Las sanciones se establecen de acuerdo al Código Orgánico del Ambiente que señala que quien no cuente con el permiso ambiental recibirá una multa de un salario básico unificado (400 dólares).
Las multas pueden incrementarse de acuerdo al grado de afectación por el incumplimiento y a la rentabilidad que genere la empresa, trabajo que se realiza con el SRI. (CNS)
Manejo de desechos
Para la ingeniera ambiental Jenny Pérez, la actividad comercial de reciclaje ha tomado fuerza en los últimos cinco años, sin embargo, no así la forma de tratar este material ya sea desde las casas o los centros de reciclaje.
Recordó que las recicladoras están obligadas a cumplir con normativas y provocar el menor impacto ambiental en la zona donde se ubican.
El plan de cuidado ambiental en estos espacios debe ser técnico a fin de que el material no sea nocivo para el entorno, dijo Pérez.
“Lamentablemente en Ecuador no existe una política pública sobre la correcta práctica de reciclaje y menos en la forma de tratarlo pese a que se generan ganancias porque eso significaría inversión de tiempo, dinero y educación que debería cumplirse”, insistió Pérez.
Registro ambiental
Mientras tanto quienes buscan abrir una recicladora de forma legal, deben obtener el registro ambiental.
Para ello deben ingresar al Sistema Único de Información Ambiental a través de la página web http://suia.ambiente.gob.ec.
Posteriormente, el propietario deberá dar las especificaciones de la actividad y el plan de manejo para mitigar el impacto ambiental.
Este plan de manejo ayudará a garantizar el menor impacto en la zona, el cumplimiento de una fumigación cada seis meses para evitar las plagas.