Una mujer es acusada de una estafa masiva contra comuneros, profesionales y empresarios que laboraron para un falso proyecto turístico en Pilahuín. En Shell de Pastaza, se denuncia un hecho similar contra la misma ciudadana.
Mónica R. fue retenida en la comunidad de Tomabela de la parroquia de Pilahuín, en Ambato, tras ser acusada de estafar a decenas de personas. El hecho sucedió la tarde de este sábado 9 de noviembre.
La mujer es acusada de engañar a comuneros y empresas particulares, a quiénes a través de la figura de una empresa, les dio empleo que durante cinco meses jamás remuneró, tanto en Tungurahua como en Shell de Pastaza.
Caso
El perjuicio bordea aproximadamente 280 mil dólares, solo en esta jurisdicción, por lo que la suma podría ser más alta. Un proyecto turístico que incluía la construcción de un hotel estilo europeo, senderismo y hasta la potenciación de la memoria histórica de la localidad, es lo que la mujer habría impulsado, aduciendo contar con fondos de una Organización No Gubernamental (ONG) para materializarlo.
Así, logró convencer a un sinnúmero de empresarios y profesionales, como a moradores de la misma parroquia para el levantamiento de información, estudio de campo, determinación de senderos, recorridos, alimentación y otros, para impulsar esta labor que tenía como fin promover la dinámica económica del sector y ser un referente del turismo comunitario.
Sin embargo, al paso de los meses, ninguno de quienes se comprometieron con este trabajo, recibió remuneración alguna, lo que empezó a preocupar a todos.
Entre averiguaciones y otras gestiones, algunos perjudicados conocieron que Mónica, no sólo no era conocida en la ONG que supuestamente financiaba el proyecto, sino que, además, al parecer, había otras inconsistencias.
Con documentos, algunos afectados pusieron en evidencia varias irregularidades y presuntos engaños en los que la mujer habría incurrido, así como desmintieron que la madre de esta había muerto, pues aseguró días atrás que falleció, pero todo era mentira.
Perjuicio
Alejandro Tamaquiza, expresidente del Gobierno Parroquial de Pilahuín, y también afectado, contó que son 1.680 dólares los que la mujer le adeuda de dos meses de trabajo.
Cristian Montesdeoca, quien era empleado del área de turismo de la presunta empresa y encargado de proveer alimentación a los trabajadores, fue afectado en 3.716 dólares, a quien, además, la mujer amenazó con denunciarlo en la Fiscalía y sacarlo del proyecto, tras haberle solicitado el pago de las facturas pendientes.
Mientras que, Javier L. fue estafado en 8.500 dólares en computadoras de alta gama que le vendió a la mujer para este mismo proyecto turístico, pero tampoco recibió pago alguno.
Otros empresarios y técnicos profesionales, también perjudicados, estuvieron presentes durante la reunión llevada a cabo este sábado y donde Mónica, fue sometida al reclamo de quienes se sienten afectados.
“Queremos que pagues lo que nos debes”, “dejamos el campo por venir a ganar un sueldo que nunca nos llegó”, “no queremos aquí estafadores”, fue parte de las consignas que los comuneros replicaron durante toda la sesión.
Mujer se defiende
Mónica S. aseguró que todo lo dicho en su contra no era verdad, y que podía defenderse con documentos que probaban la supuesta veracidad del proyecto impulsado.
“Tengo mi responsabilidad por estar al frente, pero yo tengo cómo demostrar las cosas y cómo se están haciendo. Si toca resolver las cosas, hay que resolverlas”, dijo.
Mónica citó a una mujer residente en Suiza con la que ha tenido, según ella, contacto directo y quien era la encargada de gestionar los pagos, asegurando que jamás recibió un anticipo y que aún estaría a la espera de la efectivización de fondos que ya se habrían gestionado.
“A mí todo me envían a una plataforma donde se suben informaciones para pagos y me emiten un reporte, no tengo problema de mostrar cómo funciona”, agregó.
A la espera
Ajusticiamiento indígena y la reparación económica a los perjudicados es lo que se analizará en las próximas horas. Son los representantes de las comunidades afectadas los que, tras conocer de los detalles del perjuicio, decidieron retener a la mujer en el centro comunal del sector.
Hasta el cierre de esta cobertura, la mujer continuaba retenida y custodiada, mientras los dirigentes de los cabildos, resolvían su situación. (MGC)