El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) notificó al Municipio de Ambato para que se desactive y reubique los dos fotorradares que funcionan en la avenida Bolivariana.
Los dispositivos habrían sido colocados sin autorización en la red vial de Tungurahua, que es competencia de la institución estatal.
Así lo dio a conocer el concejal de Ambato, Robinson Loaiza, durante una rueda de prensa en donde presentó el documento enviado por el MTOP.
En el mismo, la institución pide al Municipio que los fotorradares sean colocados en una vía de competencia de la Municipalidad y basándose en los análisis técnicos que señala la normativa.
Los dispositivos que deben ser retirados están ubicados en: la avenida Bolivariana entre Luis Aníbal Granja y el redondel de Terremoto, y en la Bolivariana e Hipócrates (antes de llegar al mercado Mayorista).
Más de 60 millones de dólares, es lo que la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A., pretendía cobrar por multas a 362 mil conductores que excedieron el límite de velocidad permitido en la avenida Bolivariana y Luis Aníbal Granja desde 2020.
Sanciones ilegales
Además, Loaiza indicó que el fotorradar que está en la avenida Indoamérica, sector de la gasolinera América, también habría cobrado sanciones ilegales.
Según el acuerdo ministerial N° 009-2.021 del 10 de marzo de 2021, este tramo de la vía recién pasó a la administración del Municipio de Ambato en ese mes.
Argumentó que pasaría lo mismo con los fotorradares ubicados en la avenida Bolivariana, en el sector conocido como Las Carpas y el que se instaló en la avenida Atahualpa a la altura de Huachi El Belén.
“Estos equipos habrían sido instalados, así como notificando y recaudando ilegalmente”, manifestó Loaiza.
Denuncia
Loaiza añadió que el 21 de septiembre se presentó la denuncia ante la subsecretaría zonal del MTOP con el fin de que se inicie un proceso administrativo sancionador a la empresa y posiblemente a la Municipalidad de Ambato porque no habrían cumplido con lo que establece la ley y el reglamento de Tránsito, pero ante todo la normativa vigente con relación a la red vial que está bajo la administración del portafolio de Estado.
Manuel García, presidente de la Unión de Taxis de Tungurahua, dijo que desde hace cinco años se iniciaron las gestiones para que se revise el contrato de la instalación de los fotorradares, incluso ante la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional
Manifestó que esperan que el acuerdo ministerial del MTOP sea acatado inmediatamente, con el retiro de los equipos, que según su opinión ha causado mucho daño a Ambato, porque eso incluso impedía que llegue mucha gente por el temor a ser multados.
Agregó que el gremio se reunirá con el alcalde Javier Altamirano para exigir que de por terminado el contrato, porque los fotorradares mal ubicados causaron mucho perjuicio económico a la población ecuatoriana.
El alcalde de Ambato Javier Altamirano apeló a la sentencia de una jueza que notificó a la Municipalidad para que se suban en el sistema las multas desde enero del 2020.
Municipio de Ambato
Un comunicado enviado por el Municipio de Ambato, señala que los oficios emitidos por el MTOP solicitando el retiro del noveno fotorradar, ha sido una respuesta favorable a las varias reuniones que ha mantenido el Alcalde con la cartera de Estado.
“La desactivación y retiro de este fotosensor le corresponde al MTOP, ya que la E35 continúa siendo competencia de dicha institución, porque el traspaso hacia la municipalidad aún no se ha hecho efectivo ya que, según los reglamentos: al transferir una vía pública, se debe entregar los recursos económicos y operativos para su respectivo mantenimiento. El MTOP tiene un plazo de 180 días para este proceso”, dice el comunicado.
Además, se indicó que el Municipio tiene tres denuncias en el Consejo de la Judicatura: una en contra de la jueza Patricia Freire, otra en contra del secretario y la tercera en contra de los jueces miembros del tribunal de la Corte Provincial de Los Ríos, que conocen la apelación colocada y no han emitido la sentencia en más de un mes.
Respuesta
Este medio de comunicación intentó obtener una versión de la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial, sin embargo, se indicó que el vocero institucional no estaba y ninguna otra persona podría dar declaraciones. (APQ)
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