Varias operadoras de transporte interprovincial e intraprovincial se encuentran en procesos de investigación debido al otorgamiento irregular de rutas y frecuencias.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT), indicó que son alrededor de 64 operadoras a nivel nacional que habrían tramitado 302 rutas sin un estudio técnico y jurídico, y mil 632 frecuencias que tenían interferencias entre sí.
En las últimas semanas, además, llegaron a la ANT denuncias sobre pagos de entre 50 mil y 480 mil dólares para la entrega de rutas y frecuencias, mismas que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía.
Estas rutas y frecuencias fueron suspendidas, sin embargo, dos juezas, de Santa Elena y Santo Domingo, suspendieron las medidas tomadas contra las rutas y frecuencias otorgadas irregularmente a nivel nacional.
Esto implica que, desde el viernes 21 de enero, todas las operadoras que detuvieron sus operaciones, desde el pasado mes de diciembre, pueden circular libremente por el territorio nacional.
Realidad local
Tungurahua no fue la excepción en esta problemática, pues al menos seis operadoras que se encuentran domiciliadas en la provincia estarían involucradas en estas ilegalidades.
Además, otras 10 operadoras que, aunque no se encuentran domiciliadas en la provincia, hacen su paso permanente por las terminales de Ambato también son investigadas.
Entre las operadoras que se encuentran involucradas constan Ambateñita, Amazonas, Cita Expres, Baños, Santiago de Quero y Expres Baños.
CIFRA
52 MUERTOS
Por accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados buses de servicio público se registraron el último semestre de 2021.
El gremio
Santiago Narváez, presidente provincial del Transporte Interprovincial, manifestó que es muy cuestionable esta suspensión de rutas y frecuencias ya que las operadoras lo que hacen es presentar la documentación para que sea la ANT y sus técnicos son los que desarrollan el análisis para entregar las rutas y frecuencias.
“Si hay irregularidades debería existir responsables de la misma ANT. Ellos son los que hacen y autorizan”, dijo.
Para el dirigente, lo que se está haciendo ahora es solo culpar a las operadoras dejando de lado la verdadera investigación que se debería hacer que es dentro de esta institución.
A decir de Narváez el problema tampoco se presentó solo por la pandemia, pues habría casos que se arrastran desde 2018.
“Ahora se dice que se va a generar un Plan Nacional de Rutas y Frecuencias, un ofrecimiento que se viene dando desde el 2012”, dijo.
Criterio similar es el que compartió Cristina Sánchez, gerente de la Cooperativa de Transportes Ambateñita, quien indicó que si bien se ha involucrado a estas seis operadoras, lo que están haciendo es recabando la documentación necesaria que justifica la entrega de esas rutas y frecuencias.
Pero lo que mantiene preocupados a transportistas y usuarios es que mientras se hacen estos procesos las rutas y frecuencias que brindaban servicio a los usuarios se han suspendido, pero no a todas las involucradas.
“Es decir que hay preferencias entre las cooperativas que están dentro de la investigación”, dijo.
Autoridad
Diana Rojas, directora provincial de la ANT, manifestó que al ser un proceso administrativo se cumple también con una etapa de investigación, así por ejemplo están notificadas las seis operadoras en Tungurahua.
“Aunque ya han sido notificadas las operadoras tienen un tiempo para presentar documentación de descargo y demostrar las condiciones técnicas y legales por las cuales fueron entregadas estas rutas y frecuencias”, dijo.
Desde la ANT añadieron que, ante la decisión de los jueces, se reforzarán los controles para prevenir que esta situación siga causando muertes en las carreteras. (FCT/NVP)
TOME NOTA Las operadoras tienen un tiempo para presentar documentación de descargo y demostrar las condiciones técnicas y legales por las cuales fueron entregadas estas rutas y frecuencias.
Acciones a tomarse
El director ejecutivo de la ANT, Adrián Castro, sostuvo que agotará todos los recursos legales en contra de la decisión de las juezas e informó que, a más de la queja pertinente, ya se ha solicitado una investigación al Consejo de la Judicatura para que analicen posibles sanciones por las resoluciones emitidas.
“Lo que hizo la ANT fue darle una respuesta a las familias que perdieron a sus seres queridos por la siniestralidad, ahora qué les dirá la justicia a esas familias… Hay jueces que han puesto primero al ingreso económico de las operadoras que la seguridad y a la vida de miles de pasajeros”, manifestó Castro.
Y finalizó mencionando que “la medida concedida por las dos juezas le deslinda de responsabilidad sobre lo que pueda ocurrir, tanto a la ANT como a su Directorio”, añadió.