Este 2021 ya son dos fallos a favor de la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. Safenforvia, los que ha dictaminado la jueza Jenny Patricia Freire en Quevedo.
En el primero autoriza a la empresa a que se suban las multas generadas por el fotosensor ubicado en la avenida Bolivariana y Luis Aníbal Granja (sector Terremoto).
Safety, en julio de 2021, ingresó una acción de protección en la provincia de Los Ríos en contra del Municipio de Ambato, para que la autoridad judicial determine una resolución legal sobre las multas generadas.
En esta se menciona que desde la Municipalidad se está vulnerando su derecho al trabajo por la novena cámara del fotosensor.
Tan solo un mes después, en agosto de 2021, la jueza Freire emitió una sentencia favorable para la compañía que le permite subir al sistema y cobrar las multas desde enero de 2022.
CIFRA: 9 FOTORRADARES hay en Ambato.
Polémica local
Por este particular se generaron sanciones a alrededor de 362 mil conductores que excedieron el límite de velocidad permitido en dicha zona.
Particular que significó una recaudación de más de 60 millones de dólares.
En septiembre de este año el alcalde Javier Altamirano señaló que jamás se autorizó el funcionamiento del fotorradar en el sitio antes mencionado, pues esta vía no estaba bajo la administración municipal.
Actualmente el Municipio de Ambato está apelando la sentencia de la jueza Freire.
El proceso se encuentra en trámite en segunda instancia y Venus Loor, presidenta de la Corte Provincial de Los Ríos, indicó que el proyecto de sentencia está siendo estudiado por los miembros de la Sala y una vez que se analice en su totalidad se pondrá en conocimiento.
Ante las presuntas irregularidades que se dieron dentro del proceso en primera instancia, el Municipio de Ambato propuso acciones disciplinarias en contra de la jueza de la Unidad Penal de Quevedo Jenny Patricia Freire y su secretario.
Fotorradares Ubicación
- Avenida Atahualpa y Carlos Contreras.
- Avenida Rodrigo Pachano, sector parque El Sueño (doble sentido).
- Avenida Rodrigo Pachano, sector La Liria.
- Avenida Indoamérica y Encarnación.
- Avenida Los Guaytambos, sector Las Palmas.
- Avenida Manuela Sáenz y Víctor Hugo.
- Avenida Bolivariana e Hipócrates.
- Avenida Bolivariana, sector pista atlética.
- Avenida Bolivariana entre avenida Luis Aníbal Granja y el redondel de Terremoto. (En conflicto)
Loja
En el segundo caso la empresa Safety demandó al Municipio de Loja por incumplimiento del contrato de fotomultas.
Allí la empresa presentó una acción de protección nuevamente en la provincia de Los Ríos en el cantón Quevedo y otra vez la jueza Freire resolvió que la municipalidad debe cancelar 12 millones de dólares por incumplimiento del contrato.
Inconveniente
El problema se presenta porque en Loja, los cinco fotorradares que fueron ubicados en 2015 ya no están operativos desde mayo de 2020, debido a que concluyó el contrato con la empresa Safety.
Incluso los equipos fueron retirados por la empresa hace algunos meses. Actualmente los controles de velocidad, desde hace 15 meses, se realizan por medio de la Unidad de Control Operativo de Tránsito (UCOT), amparados en la ordenanza que regula y controla los límites de velocidad de los automotores que circulan por las vías del cantón, en vigencia desde febrero de 2020.
Daniela Vasco, jefe de Litigios y Patrocinio Jurídico del Municipio de Ambato, señaló que las Procuradurías Síndicas de ambas municipalidades han planteado un ‘amicus curiae’ (ver EL DATO) para presentarse a la audiencia en segunda instancia, el próximo 2 de diciembre, y advertir a la Sala de todas las irregularidades cometidas en ambos casos.
“Llegó a nuestro conocimiento que la Municipalidad de Loja ha sido demandada en vía Constitucional por la empresa (Safety), bajo similares particularidades que nuestro proceso, es decir, también se le demanda con una acción plagada de irregularidades desde la presentación de la demanda en un día no hábil, el conocimiento de la jueza de turno la misma doctora Freire e incluso en sorteo a la sala de segunda instancia como jueza ponente la misma doctora Loor”, afirmó Vasco. (NVP)
EL DATO Amicus curiae: permite que terceros ajenos a un proceso ofrezcan opiniones de trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, justificando su interés en su resolución final.
Pedido de documentación
Pero las muestras de inconformidad por parte de las autoridades no terminan ahí, el concejal Robinson Loaiza interpuso una acción de acceso a la información pública, con la finalidad de que se entregue el documento que habría servido de base para subir las multas en cuestionamiento.
“Solicitamos que se nos entregue una copia certificada del documento que habría emitido la Municipalidad de Ambato para cumplir con la sentencia de Quevedo en primera instancia que dice textualmente que la municipalidad dispondrá que se suban las multas desde enero del año 2020”, aseguró Loaiza.
El Concejal añadió que, aunque la audiencia estaba prevista para el lunes 22 de noviembre esta no pudo llevarse a cabo pues, funcionarios de Safety se niegan a recibir la notificación judicial aduciendo que su matriz no es en Ambato sino en Quito.
“Esto es vergonzoso y escandaloso. Ellos si nos pueden demandar en Quevedo, pero los señores se niegan a recibir la notificación aquí en Ambato”, señaló Loaiza.
Hoy la empresa debe señalar si cuenta con ese documento y posteriormente tiene ocho días para presentarlo.