A pesar de que en Ecuador existe una normativa vigente, que regula el tratamiento de datos e información personal, el uso de estos continúa siendo un dolor de cabeza para los usuarios.
Esto debido a que las empresas siguen usando los datos personales de los ciudadanos para promocional y ofertar servicios.
Casos
Una llamada telefónica irrumpió una reunión que mantenía Marisol Andrade, de 37 años. “Buenas tardes, estamos hablando con Marisol Andrade”, le preguntaron.
Le indicaron que se trataba de una llamada de una agencia de viajes y que la llamaban para explicarle varias promociones.
La mujer extrañada preguntó cómo consiguieron su número y sobretodo sus datos personales.
“Tengo este número en nuestra base de datos. Tal vez usted ya es cliente, por ello estamos ofreciendo nuestras promociones”, aseguró el vendedor.
Según la mujer ella no es clienta de la empresa, peor aún quería información de sus servicios o promociones.
Caso similar sucedió con Gabriela P., quien indicó que semanalmente le llegan promociones o llamadas de diferentes empresas y hasta de locales comerciales.
Como a ellas diferentes usuarios aseguran que las empresas continúan con esta práctica a través de llamadas, mensajes SMS, WhatsApp y correos electrónicos, que también generan malestar y que no han dado su consentimiento para que terceros tengan su información con fines comerciales.
EL DATO La ley establece la creación de una Superintendencia de Protección de Datos que velará por el cumplimiento de la ley y la aplicación del régimen sancionatorio que entrará en vigencia en dos años.
Normativa
Esto va en contra de lo establecido en la vigente Ley de Protección de Datos Personales, que fue aprobada el 10 de mayo por la Asamblea Nacional.
En el artículo 7 se establece que, el tratamiento de los datos personales solo será legal cuando la empresa que cuente con esta información obtenga el consentimiento del titular de los datos.
También se establece sanciones por la violación y utilización de la información personal, así en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla penas de hasta cinco años de cárcel.
El COIP en sus artículos 178 y 229 penaliza el uso y divulgación de datos personales obtenidos sin autorización o a través de la revelación ilegal de bases de datos.
Denuncias
Según la Fiscalía, del 1 de enero al 18 de junio de este año, se han presentado 986 denuncias correspondientes al artículo 178 y 19 por el artículo 229.
Para el abogado Marco López, este tipo de acciones son pocos denunciadas, puestos que existe escasa información al respecto.
“La ciudadanía desconoce y no pasa de una molestia”, dijo al tiempo de asegurar que puede denunciar. (FCT)