Melina (nombre protegido) dejó de jugar con las muñecas a sus 10 años para ser madre, cuando en 2021 quedó embarazada de un primo.
La menor vivía con sus padres, pero no se dieron cuenta de su estado, sino hasta los ocho meses de gestación, por lo que nunca recibió atención médica y tuvo al bebé en su casa.
Pero esta no es la única historia, Daniela Cueva de ‘Toma mi mano’, una fundación sin fines de lucro que brinda ayuda legal y sicológica a menores con abuso sexual, dice que los casos son frecuentes pero las familias no denuncian o llegan únicamente hasta la parte inicial del proceso.
Cueva afirma que la mayoría de los casos de niñas embarazadas, se dan en el seno familiar, por ello pocos se atreven a denunciarlo.
Estadísticas
Dichas cifras están apegadas a los datos que maneja la Fundación Desafío, donde se habla de que entre 2020 y 2021, durante la pandemia, se registró la atención a más de 3 mil niñas embarazadas.
Según cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP), hasta octubre de 2020, el número de atenciones en salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes, de 10 a 14 años, se redujo el 37.56 % en el Ecuador en comparación al año 2019.
La disminución de este tipo de atenciones, el que las niñas y adolescentes, menores de 14 años, no informen lo los abusos a nadie, debido a la falta de confianza y credibilidad que sienten frente a las personas adultas, trae como resultado que solo una tercera parte del total de este grupo etáreo que fue violentado sexualmente recibiera alguna atención.
Desde el MSP se muestra que, entre enero y octubre del 2020, se realizaron 3 mil 390 primeras consultas de control prenatal a niñas y adolescentes entre 10 a 14 años.
Cecilia Chacón, exsecretaria de Derechos Humanos e integrante de la fundación, afirma que se siguen vulnerando los derechos de las menores y muchas veces los abusos sexuales son silenciados por la misma familia de la víctima.
Chacón asegura que el trabajo integral del Estado, así como de la sociedad, es la única medida de protección que garantizará acabar con estos delitos, donde las niñas pierden la inocencia para hacerse cargo de otro ser humano.
Chacón también se refirió a la Ley del Aborto en caso de violación que se aprobó en febrero de este año, y dijo que eso no solo se trata de un derecho que la víctima tiene.
Aquí se debe dejar claro que este proceso es opcional y como una responsabilidad estatal donde se involucra a salud, educación y familia, de forma que se trate con cuidado inclusive la recuperación integral de la víctima.
De esta forma, se evitará satanizar a quienes lo deciden o quienes lo practican, insistió Chacón.
Denunciar es una obligación
En el país se establece que, si una persona es testigo de maltrato, de cualquier tipo, hacia un menor debe hacer la respectiva denuncia.
Según el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 17 se indica que: “toda persona que conozca de un caso de vulneración de derechos (físico, psicológico, sexual), tiene la obligación de poner en conocimiento a la autoridad competente (Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, Jefaturas Políticas, etc.)”.
Al respecto, Klever Peñaherrera, director del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato, manifestó que hay casos que son denunciados, pero, el proceso que exige el sistema a veces resulta tedioso y doloroso para la víctima, por lo que prefieren no someterse a ello.
Sin embargo, dijo que la ley es clara en cuanto a la protección de los derechos de los menores y en el caso de las niñas embarazadas deben tener el tratamiento de recuperación y atención de salud psicológica en conjunto con su entorno familiar.
El impacto en la niña embarazada
El embarazo en la adolescencia es considerado como un problema médico con un alto riesgo de complicaciones hasta en el parto, que conlleva un incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal según la Organización Mundial de la Salud.
Para la ginecóloga Rocío Bombón eso se debe al impacto de un embarazo precoz lo que predispone a problemas psicológicos como depresión posparto, baja autoestima, así como incapacidad para cuidar de su hijo, el truncamiento de sus planes vitales y el rechazo de la pareja o social.
Según el MSP, la muerte materna es un grave problema de salud pública que afecta sobre todo a los países pobres y presenta un gran impacto individual, familiar, social y económico. Las muertes maternas son de aproximadamente 800 mujeres cada día a nivel mundial, según la OMS. (CNS)
Lo que dice la ley
- COIP
El numeral 3 del artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), señala que violación es “el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo”. Cuando la víctima sea menor de 14 años quien cometa este delito será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años.
El numeral 2 del artículo 422 del COIP señala que las o los profesionales de la salud, de establecimientos públicos o privados, que conozcan de la comisión de un caso de este tipo tienen el deber de denunciarlo.
- CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
El artículo 17 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que “toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de 48 horas.”
Según el MSP, cada día, siete niñas de entre 10 y 14 años dan a luz en Ecuador.
Una madre adolescente gana 23% menos en comparación con una adulta.
Ecuador destina 270 millones de dólares anuales para solventar los embarazos adolescentes.