Dos nuevos vinculados en el caso de corrupción del IESS Ambato

Una comisión se encarga de investigar estos casos de corrupción registrados durante la emergencia sanitaria.
ILUSTRACIÓN. Una comisión se encarga de investigar estos casos de corrupción registrados durante la emergencia sanitaria.

Cristian T. y Juan G., fueron vinculados al caso de peculado que se investiga en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ambato.

La indagación se realiza desde enero de 2022 cuando, a través de denuncias públicas, se conoció de las presuntas irregularidades en la suscripción de contratos para la adquisición de insumos médicos, en medio de la emergencia sanitaria por covid.

 

Caso

Diligencias investigativas permitieron que Liborio P., entonces director administrativo y Luis S., responsable del área de mantenimiento, sean señalados como sospechosos de favorecer a Carlos G., con la adjudicación de un contrato.

Luego de escuchar la argumentación de la fiscal del caso, Claudia Romero, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el Juez dispuso la prohibición de ausentarse del país y la orden de presentarse dos veces por semana ante la autoridad, como medidas cautelares para asegurar su presencia en las siguientes etapas del proceso.

 

TOME NOTA 
La autoridad competente dispuso la ampliación 
de la instrucción fiscal por 30 días más.

 

Actualidad

El representante legal de la empresa beneficiada es Cristian T., quien hoy ya está dentro de la investigación del proceso, así como Juan G., quien se desempeñaba como jefe administrativo de la entidad.

Quienes llevan las investigaciones del caso son los funcionarios de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado, que fue creada para estudiar casos de corrupción durante la emergencia sanitaria, específicamente.

 

EL DATO
La Fiscalía investiga un presunto peculado, delito tipificado en el 
artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que es 
sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

 

En total, suman cuatro personas las que hasta el momento están siendo procesadas a través del artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sancionado con pena privativa de libertad de entre 10 a 13 años. (MAG)