Almacenes de venta de uniformes de policías y militares se encuentran en varios puntos de Ambato. El mismo escenario sucede en otras ciudades del país.
Es que acceder a estas prendas no es nada difícil y más bien es raro que en algún establecimiento se solicite la credencial que lo acredite como uniformado para vender estas prendas.
Este medio de comunicación ingresó a uno de los locales ubicados al sur de Ambato, intentando adquirir un cinturón, una chompa reflectiva para policía y un aplique para sostener el arma de fuego de dotación.
Durante la transacción no se solicitó documentación alguna que justificara que la persona era funcionaria policial.
Temor
“El problema es que nosotros no tenemos una empresa que nos provea los uniformes. Nos toca comprar por fuera porque si no de dónde. De las veces que he ido a almacenes en Ambato y en Quito, solo una vez me pidieron mi credencia, del resto nadie y venden nomás”, aseguró un sargento segundo de Policía, quien prefirió reservar su identidad.
Ante esta situación, la ciudadanía también se muestra preocupada, pues en el país ya se han dado hechos delictivos donde los delincuentes han actuado vestidos de policías.
Reacciones
“Como ciudadanos al momento no tenemos garantías para saber cuándo se trata de un policía o de algún delincuente disfrazado”, dijo Bolívar Pinto, morador de Huachi Chico, sur de Ambato,
Según Pinto, un día cuando salió del banco vio a un señor con ropa normal, pero con una chompa gris de la Policía, “yo tenía mis dudas y preferí esperar a que se vaya, me dio miedo”, aseguró.
Como este ciudadano, más personas aseguran sentir desconfianza y temor ante la falta de control en cuanto a la venta de estos uniformes.
“Mi sobrino es militar, mi hermana y yo le compramos las cositas y nunca nos han pedido nada de identificaciones, me imagino que así han de hacer los delincuentes que adquieren sin problema los uniformes”, dijo Estela Rojas, ambateña.
Desde la entidad
José Luis Garcés Naranjo, coronel de Policía y comandante de la Zona 3, manifestó que hay empresas y personas naturales que realizan la comercialización de uniformes policiales y militares. “Lastimosamente no existe una reglamentación que impida el comercio de estas prendas”, sostuvo el oficial.
Garcés agregó que en otros países comprar este tipo de uniformes es muy complicado. “He tenido la oportunidad de estar en otros países y cuando he querido comprar algún ‘souvenir’ no lo permiten, aunque he mostrado mi credencial como policía de Ecuador”, mencionó el oficial.
Garcés aseguró que tiempo atrás existieron empresas dedicadas a la confección y entrega exclusiva de uniformes a las fuerzas del orden, pero desde que estas dejaron de funcionar, los almacenes de este tipo y sin control, proliferaron.
Posible solución
El uniformado aseguró que en los últimos meses se han tomado algunas iniciativas para reformar la nueva dotación de uniformes que contarían no solo con un nuevo diseño, sino con las seguridades del caso para evitar que sean adquiridos o comercializados por cualquier persona.
“Con la utilización de la tecnología se contará con un código QR que al escanearlo dará la información del funcionario policial, como un sello de seguridad específico para cada policía”, explicó.
Sobre si esta modalidad podría ser replicada, el Comandante fue enfático en mencionar que se están tomando todas las ideas para que estas prendas sean únicas para cada servidor.
“Cuando un policía necesite otra prenda o esta se le pierda, deberá ser comunicado para darla de de baja o reportar la pérdida bajo los protocolos necesarios, así se generaría un mejor control”, sostuvo Garcés.
Asimismo, dijo ser consciente de que “la confección y venta de prendas es un trabajo honrado, pero en algún momento deberán regularse para que todo se haga de manera legal y para nosotros tener un control debido”, insistió. (MAG)
Lo que dice la ley
Diego Coral, abogado penalista, aseguró que si bien el uso de prendas policiales, militares o de alguna entidad pública se sanciona y tipifica como contravención en el artículo 296 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), no así su venta.
“En este país el hacer mal uso de prendas del Estado se castiga con 15 a 30 días de cárcel, pero que usted las compre no es un ilícito y no importa para qué lo haga, lo que cuenta es si a esa prenda le da un uso indebido lo que se sanciona”, dijo el jurista.