La Comisión de Mesa sería la encargada de dar trámite y hacer un informe respecto al pedido de remoción de Diana Caiza, alcaldesa de Ambato.
Basándose en el literal H del artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) que menciona que entre las causales para la remoción del ejecutivo de un gobierno autónomo descentralizado está el cometimiento de actos de violencia en contra de los grupos de atención prioritaria, el abogado en libre ejercicio Álvaro Vera Flor presentó, este miércoles 19 de febrero, la denuncia y solicitud de remoción de la alcaldesa Diana Caiza.
Explicó que se cometieron actos de violencia en contra de una persona que pertenece a un grupo vulnerable al no cumplir con una sentencia de un juez competente y con ello privarla de su puesto de trabajo, ser beneficiada de seguridad social y así sustentar los gastos para el tratamiento del cáncer que padecía Lorena Freire, exfuncionaria del Municipio de Ambato.
Muerte de Lorena Freire genera controversia política y jurídica
En la denuncia se menciona que el Juez que conoció la causa de Freire resolvió declarar vulnerado el derecho constitucional al debido proceso, por lo que dispuso al legitimado pasivo el reintegro inmediato a funciones laborales de la legitimada activa de esa causa, sin embargo, dicha orden no se cumplió por parte de la denunciada, pese a existir varias insistencias por parte del Juez.
Vera mencionó que, con todos estos, y otros, argumentos la denuncia y remoción de la Alcaldesa habría sido entregada al vicealcalde de Ambato, Luis Manobanda, como se estipula en el artículo 335 del Cootad que menciona que “si la denuncia es en contra del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, ésta se la presentará ante su subrogante, quien únicamente para este efecto convocará a sesión del órgano legislativo y de fiscalización del gobierno respectivo”.
TOME NOTA A parte de la Alcaldesa, la Comisión de Mesa en mayo de 2023 quedó conformada por las concejales Patricia Shaca y Anabell Pérez.
En el mismo artículo se añade que “se cumplirá con el procedimiento de remoción previsto en este capítulo, garantizando el debido proceso y el ejercicio de defensa del denunciado, en el marco de los derechos de protección constitucionales”.
Ante ello Vera mencionó que espera que el Vicealcalde acate lo mencionado en la normativa y se siga el procedimiento de ley en este caso.
Recalcó que, hace esta denuncia es a título personal y fue enfático al decir que no tiene nada que ver con los concejales de oposición o con ninguna figura política.
Finalmente dijo que ha solicitado a la Presidencia de la República y al Ministerio de Gobierno seguridad porque “temo por mi seguridad debido a las retaliaciones que ha sido costumbre, que se ha podido observar cuando existe una opinión de algún ciudadano que no le guste a la administración pública termina con alguna denuncia en la Junta de Protección de Derechos”.

Respuesta municipal
Este mismo miércoles 19 de febrero, desde el Municipio de Ambato se convocó a una rueda de prensa en la que, vía telemática, el procurador síndico de la institución, Limber Torres, señaló que previo a la denuncia en mención, ya se presentó en contra de Vera una denuncia por el “presunto delito de prevaricato ante la Fiscalía General del Estado, denuncia que está en trámite correspondiente y que tendrá que determinarse el tema de la responsabilidad que se ha presentado, ha denunciado la municipalidad”.
Frente a la denuncia puesta en contra de Caiza sostuvo que este es un trámite que debe tratarse siguiendo el debido proceso.
Detalló que serán los miembros de la Comisión de Mesa quienes tendrán que emitir el informe correspondiente, que deberá ser puesto a consideración del pleno del Concejo Municipal para que se tomen las decisiones en el caso.
EL DATO La sentencia a favor de Lorena Freire se emitió en mayo de 2024.
El funcionario explicó que la Comisión de Mesa está conformada conforme a lo que establece el Cootad y la ordenanza municipal. Es decir que la integran la Alcaldesa, un concejal urbano y un concejal rural, que en este caso son mujeres.
Por ser la parte acusada en este proceso la primera autoridad de la ciudad deberá excusarse, por lo que habrá que convocarse a una sesión de Concejo para que sea el órgano legislativo quien designe a quien será el reemplazo de Caiza.
Torres detalló que por esta única ocasión la comisión debe ser convocada de manera extraordinaria por el Vicealcalde y será la “comisión que tiene que calificar la denuncia, si cumple o no cumple con los requisitos legales, en caso de calificar la denuncia continuará con el trámite y en caso de no calificar, obviamente no podrá continuar con el trámite por no cumplir con estos requisitos”.
Algo en lo que el funcionario fue meticuloso fue en mencionar que a la Procuraduría Síndica es defensa institucional y en ese sentido se deben atender los requerimientos que presenten los concejales a través de la Comisión y se pronunciarán en ese sentido y recalcó que no se puede pronunciar respecto a lo que tiene que hacer específicamente cada edil porque, recalcó, que hay una Comisión de Mesa que es la responsable de seguir el procedimiento de ley.
TOME NOTA El 14 de mayo de 2023 Diana Caiza asumió la Alcaldía de Ambato.
Defensa personal de la Alcaldesa
A la misma rueda de prensa, en la Sala de Prensa del Municipio de Ambato, también llegó el abogado personal y defensor técnico de Diana Caiza, Luis Morales Solís, quien señaló que el pedido de remoción se habría hecho violando todo procedimiento.
Añadió que la Constitución establece que ninguna persona puede ser procesada más de una vez por un mismo hecho “pero este ya es el cuarto proceso en contra de la señora Alcaldesa”, esto debido a que ya hubo un fallo judicial a favor de Freire y además una denuncia penal interpuesta por los deudos de la exfuncionaria.
Viudo de Lorena Freire denuncia penalmente a la alcaldesa de Ambato, Diana Caiza
Morales mencionó que “van a seguir fomentando estas irregularidades a sabiendas de que Ambato está en festividades, hay éxito de acuerdo a los hoteles y restaurantes que hay un muy buen atractivo y pretenden empañar a la ciudad con estos actos ilícitos que no llevan a ninguna parte”.
Contó que Caiza, ha sido muy tolerante en el tema porque ha tenido que trabajar por la ciudad, pero al estar en periodo de lactancia también forma parte de la población prioritaria y “es una persona vulnerable y hoy va a empezar a ejercer sus derechos contra las personas que siguen atentando contra su dignidad, contra su tranquilidad, contra su maternidad”.
En su intervención Morales señaló que si bien la Comisión de Mesa no puede ser conformada por la Alcaldesa, en esta tampoco podrían estar personas que tengan aversión en contra de Caiza, eso a pesar de que sus integrantes fueron electos por el Concejo al inicio de este periodo administrativo.
Respecto al abogado que hizo la petición de remoción, Morales comentó que este ya perdió el caso de Freire en la época de la administración del exalcalde, Javier Altamirano, y calificó de mamotreto dicha intención.
Además, dijo que Vera estaría excediéndose y que detrás de la denuncia hay gente interesada en la Administración Municipal, porque “conozco que el señor denunciante ha tenido un beneficio que le han entregado en pleno mercado a su familia”, así concluyó con que la denuncia y petición de remoción no procede. (NVP)
La oposición
A través de redes sociales los concejales Gonzalo Callejas, Sabina Gamboa, María José López, Anabell Pérez y Diego Proaño, instan al Vicealcalde a proceder legalmente como corresponda ante la denuncia y solicitud de remoción del Ejecutivo Municipal.
También hicieron un llamado a todos los miembros del Concejo Municipal de Ambato a actuar con responsabilidad y compromiso, respetando la normativa vigente y demostrando la altura que exige el momento que vivimos.
“Es nuestro deber velar por el cumplimiento de la ley y asegurar que la institucionalidad municipal se mantenga en pleno funcionamiento, en beneficio de la ciudadanía a la que servimos”, reza el comunicado.
Para concluir señalan que la ciudadanía debe mantenerse vigilante y activa en la defensa de la institucionalidad, ya que una gestión transparente y comprometida requiere de la participación y el control ciudadano.