Como si fueran puestos asignados por alguna autoridad, los comerciantes de zapatillas y medias importadas o ‘piratas’, en las calles Primera Imprenta y Tomás Sevilla, hacen su propia feria y pagan uso de suelo a quienes serían los líderes y encargados de organizarlos.
Estos comerciantes, en su mayoría extranjeros, se establecieron para ubicarse en las veredas de la zona, algunos ya tienen puestos fijos, mientras que en feriados acogen a otros extranjeros que buscan un espacio.
Luis (nombre protegido) contó que, desde que migró de su país, hace ocho meses se dedica a vender esta mercadería en uno de los espacios que un compañero le dio, pero para obtener el sitio debe pagar obligatoriamente una tarifa diaria que, al finalizar la semana, suma por lo menos 15 dólares.
Uno de los comerciantes informales, que prefirió mantener su nombre en reserva, señaló que ellos deben hacer el pago quieran o no, pues este es el medio que han conseguido para subsistir y no pueden dejar de conseguir el pan de cada día para sus familias, aunque saben que el espacio de la vía es generar más informalidad.
TOME NOTA Son alrededor de 14 puestos los que se ubican en las veredas de las calles Tomás Sevilla y Primera Imprenta.
Malestar
Para los dueños de locales de calzado e insumos, que se ubican en la misma zona, este es un problema porque a más del desorden e inseguridad que se crea por la ocupación de las veredas, la venta ilegal los afecta directamente, pues ellos sí pagan impuestos.
Nicolás Padilla es vendedor de zuelas y manifestó que este problema, que empezó hace tres años, es un “mal sin remedio” ya que la falta de control va más allá del permiso de uso de suelo.
Padilla dice que han pedido reiteradas ocasiones a la Municipalidad que retiren a los informales, pero no ven ningún tipo de respuesta, pues los agentes pasarían por el lugar, y como pasa siempre, su retiro se convierte en un “juego del gato y el ratón”.
CIFRA: 15 DÓLARES Semanales llegaron a pagar los informales de zapato por ocupar las veredas de estas dos calles.
Temor en transeúntes
El pasado viernes Natalia Bustos caminaba por la Primera Imprenta y Tomás Sevilla con dirección a la Unidad Nacional para ir a tomar el bus a su casa y asegura que al pedir permiso para caminar por donde estaba uno de los comerciantes, este la habría agredido verbalmente y le dijo que camine hacia la calle.
Algo similar le pasa, de manera recurrente, a Elías Jaramillo, que vive cerca de la Rocafuerte y Eloy Alfaro y a diario debe ir a su trabajo en la Primera Imprenta.
“Esto es intransitable, no solo se ve a los vendedores de zapatillas sino a personas que van y vienen en motocicletas, y los días de feria el problema se agudiza y nadie dice nada”, sostiene.
EL DATO En un mapeo hecho por la Municipalidad de Ambato se han detectado más de 3 mil informales en la ciudad.
Legalidad
El cobro de los espacios es una práctica ilegal que debería ser denunciada, pues nadie que vende en la calle y mucho menos cobrar por un espacio, menos cuando no está regularizado, dijo Miguel Ulloa, abogado civil.
Añade que esto solo puede terminar cuando las autoridades, en este caso municipales, retiren a estas personas del lugar para que se ubiquen en espacios autorizados. Esto permitiría el mejor ordenamiento de la ciudad, así como que dejen de cometerse actos ilegales en torno a estas ‘ferias’.
Este medio de comunicación intentó obtener la versión del director de Control y Orden del Municipio de Ambato, Fernando Torres, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta al pedido realizado. (CNS)
Otro problema
Comerciantes y moradores de las calles Primera Imprenta y Tomás Sevilla sostienen que los cobros no se harían únicamente por el espacio, sino también por los pagos a usureros, pero como no hay una denuncia en firme, la situación no mejora y contrario a ello se agrava con el pasar del tiempo.
Ante este particular Miguel Ulloa, abogado civil, recordó que en el artículo 309 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se habla de la usura y se establece un período de privación de libertad de cinco a siete años, a la persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés mayor que no está permitido por ley.
Por ello hizo un llamado a quienes se sientan afectados por los usureros a que pongan denuncias en firme y las autoridades puedan actuar en derecho.