El litigio que rodea a los fotorradares en Ambato no ha terminado. Esta vez, la nueva administración municipal presidida por Diana Caiza, alcaldesa, advirtió sobre las presuntas irregularidades que rodean a esta contratación y que han generado malestar en la colectividad desde 2014.
Según informó Limber Torres, procurador síndico de la Municipalidad de Ambato, no se ha devuelto ni un dólar de las multas generadas por los dos fotorradares que fueron retirados de la avenida Bolivariana en marzo de 2022.
Estos dos fotosensores se ubicaban ilegalmente en puntos que pertenecen a una vía estatal, que es competencia del Ministerio de Obras Públicas y no del Municipio.
Sólo en el noveno fotorradar se habían multado a 362 mil conductores con una cifra de recaudación de más de 60 millones de dólares.
Además, Torres, dijo que, en la administración anterior, un grupo de abogados de la misma entidad de radares, Safety, habrían sido autorizados como defensores externos de la Municipalidad, para la defensa ante las impugnaciones de estas multas.
Razones para que no se hayan dado las devoluciones
“Con bombos y platillos el exalcade Javier Altamirano anunció sobre este proceso de devolución que nunca se hizo, porque ningún pago se realizó a las impugnaciones presentadas”, explicó Robinson Loaiza, exconcejal de Ambato.
“Como Municipio, el exalcalde dejó caducar estos procesos, y no se va a poder devolver más que con una acción judicial. Sobre este tema hay mucha tela que cortar”, dijo.
Además, Loaiza aseguró que de los procesos que ingresaron para ser devueltos sumaban entre un millón 200 mil a un millón 500 mil dólares aproximadamente, pero esos valores se quedaron en las arcas municipales porque caducaron.
CIFRA Según Robinson Loiza, desde el inicio del contrato se ha recaudado 68 millones de dólares. De este monto, 35 millones son para la empresa concesionada y 33 para la municipalidad.
Otras presuntas irregularidades
Christian Pérez, abogado en libre ejercicio, aseguró que, fue parte de una causa impulsada en favor de la ciudadanía, en la que se patrocinó una garantía constitucional que exigía el acceso a la información pública, refiriéndose a documentación que justifique el por qué la empresa Safety cargó al sistema las multas generadas, por un radar que estaba determinado como ilegal, ya que fue ubicado en una vía estatal.
Pérez explicó que el Municipio habría facultado el trámite para que la empresa suba al sistema las multas, y necesitaban la información que lo confirme o descarte, pero esta nunca fue entregada ni justificada.
En el sistema judicial, esta causa reposa bajo el código 18334-2021-04833, como un proceso penal establecido por desacato, mismo que hasta el momento permanece abierto.
Mientras que Caiza, mencionó que “representantes de la empresa de fotorradares están paseándose por la Municipalidad, para contar con alguno de los directores y sentarse a conversar. Yo he prohibido mantener algún diálogo, que no sea otro más que el de la terminación del contrato. Si su intención es que esto siga, no sucederá porque así lo prometí y así lo haré”, puntualizó.
Respuesta
La Hora tomó contacto con el área de relaciones públicas de Safety, desde donde se informó que el gerente y único vocero de la misma, no estaba disponible para otorgar entrevista alguna en ese momento.
Este medio de comunicación realizó una llamada telefónica directa a Jaime Castellanos, gerente de la empresa, quien aseguró que estaba fuera del país y que no podía atender el requerimiento. (MAG)
Contrato
Robinson Loaiza, exconcejal de Ambato, manifestó que dentro de las determinaciones del contrato entre la entidad pública y la de los fotosensores, el Municipio es quien se queda con los equipos para la continuidad del funcionamiento de los radares cuando termine la concesión.
Sin embargo, el software que se necesita para que estos funcionen únicamente los provee la entidad, lo que ha decir de Loaiza, es una forma de mantener el convenio perenne con la municipalidad.