La Defensoría del Pueblo mostró su rechazo a la autorización del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), para que 77 unidades educativas rurales retomen los programas piloto de asistencia presencial a clases.
A través de un escrito formal solicitaron medidas cautelares, además que de manera inmediata y con carácter de urgente disponga al Ministerio de Educación y al COE Nacional que suspendan el retorno a clases en todas las modalidades, esto hasta que existan y socialicen los protocolos y lineamientos que garanticen de manera efectiva el retorno a clases, seguro de los niños.
La Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno a revocar la medida para el retorno progresivo a las clases y que en su lugar se garantice el acceso a Internet en las zonas rurales. Uno de los argumentos es que el proceso de vacunación en el país aún es limitado.
En Tungurahua son 10 las instituciones educativas que ya se encuentran en actividades presenciales con un cierto número de alumnos y con horarios establecidos y acordados por los mismos padres de familia. (FCT)