Corte Constitucional acoge acción de protección contra el Municipio

Situación. Agentes de Tránsito y de control piden garantías para laborar por la seguridad ciudadana.

A través de un documento, la Corte Constitucional del Ecuador dio a conocer que se admite a trámite la acción por incumplimiento interpuesta por agentes civiles de tránsito en contra de la Municipalidad de Ambato.

Con esta resolución la Corte Constitucional arrancará la investigación y el análisis del caso a fin de determinar si el cabildo de Ambato tiene responsabilidad y la inmediata reparación, así como posibles sanciones.

 

Antecedentes

Desde 2017 se expidió el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), normativa que regula el funcionamiento de las entidades de seguridad ciudadana y orden público.

En esta normativa se indica que las entidades rectoras locales y nacionales, como la Municipalidad de Ambato, deben generar los reglamentos y planes de carrera para la aplicación del Coescop, sin embargo, luego de cinco años no existe reglamento alguno en Ambato.

En 2018, bajo la administración del exalcalde Luis Amoroso, agentes de tránsito ya desarrollaron plantones en los que se exigía el cumplimiento de la normativa.

Según los uniformados, sin este cuerpo legal se da pie a diferentes irregularidades dentro de la institución, por ello con la nueva administración municipal también se generaron acercamientos para exigir el cumplimiento del Coescop, pero sin resultados.

El 7 de enero de 2022, alrededor de 180 agentes civiles de tránsito presentaron una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional en contra de Javier Altamirano, en su calidad de alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Ambato, la misma que luego de un proceso de análisis fue admitida.

Seguridad, estabilidad laboral, meritocracia y formación de carrera, son solo algunos de los aspectos vulnerados , que, según los uniformados, sufre el personal al no cumplirse con el Coescop.

 

El Dato
El Coescop fue aprobado por la Asamblea en 2017.

 

Preocupación

Ricardo Torres, representante de los agentes civiles de tránsito y presidente de la Federación Nacional de Agentes Civiles de Tránsito, manifestó que la Municipalidad de Ambato debía ya emitir los reglamentos y planes de carrera para la aplicación del Coescop, pero ha incumplido completamente.

Según el uniformado, en su lugar se han desarrollado medidas ‘parche’ como un acto normativo expedido por la Municipalidad, en el que faculta solo sanciones y destituciones, pero no derechos y beneficios de agentes civiles de tránsito, agentes de control municipal y más uniformados.

“La molestia es evidente debido a que la Municipalidad solamente aplica el régimen disciplinario, pero no así los derechos”, dijo Torres.

Criterio similar es el que comparten los agentes de orden y control municipal quienes también presentaron una acción de protección.

Este medio de comunicación pidió información sobre el particular al Municipio de Ambato, sin embargo, hasta el cierre de la edición no se recibió respuesta alguna.

 

Análisis

Para Cristian Pérez, profesional del derecho, con esta admisión de la denuncia que realiza la Corte Constitucional, arranca el proceso en contra de la Municipalidad de Ambato y con los antecedentes descritos en el mismo documento emitido por la Corte, tiene todos los argumentos para una resolución favorable para los agentes civiles de tránsito.

“Es evidente que hay un incumplimiento”, dijo.

Según el experto, la Municipalidad tiene dos vías para actuar, la una es cumplir con lo que estipula la normativa en el menor tiempo posible y la segunda es someterse al curso que tome el debido proceso que desarrolle la Corte Constitucional. (FCT)

 

 

Qué es el Coescop

El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) tiene por objeto regular la organización, funcionamiento institucional, regímenes de carrera profesional y administrativo-disciplinario del personal de las entidades de seguridad ciudadana y orden público, con fundamento en los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución de la República.

Su intención desde un inicio fue devolverle al Estado la capacidad de garantizar la seguridad ciudadana, desechando un caduco sistema que privilegiaba el capital frente al ser humano.