Mediante un comunicado, la Contraloría General del Estado confirmó las irregularidades en la concesión del servicio de registro y sanción de infracciones de tránsito en Ambato, a través de los fotorradares.
Esta conseción se entregó a la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES).
También se observó procesos sospechosos sobre infracciones rechazadas sin sentencia judicial, equipos con problemas de funcionamiento y multas no impuestas al contratista.
Informes
Desde 2016, la Contraloría aprobó tres informes de auditoría relacionados con la adjudicación y ejecución del contrato suscrito por el Municipio de Ambato, en 2014. Además, se ejecuta un examen al cumplimiento de las recomendaciones a la operación, imposición y recaudación del fotosensor ubicado en la avenida Bolivariana, entre Luis Aníbal Granja y el redondel de Terremoto.
Contratación
En 2016, la auditoría al proceso de concesión estableció que la utilización de cámaras de control de velocidad, para facilitar la gestión del tránsito, no estuvo sustentada en estudios de prefactibilidad, factibilidad, evaluación financiera y socioeconómica.
Luego de la aprobación del Plan Maestro de Transporte y Movilidad del Cantón Ambato, no se informó al Concejo Municipal sobre la falta de capacidad técnica y económica de la municipalidad para gestionar directamente el control de tránsito, ni se sustentó la conveniencia de concesionar el servicio de fotorradares a una empresa privada.
En la licitación, el único oferente que presentó su oferta no cumplió con los requisitos mínimos, como la declaración del Impuesto a la Renta del año 2012, certificados de la experiencia del personal ofertado, capacidad y experiencia técnica, operacional y de gestión.
Esta concesionaria se constituyó el 31 de octubre de 2013, un mes antes de presentar la oferta y no se efectuaron pruebas operativas de las cámaras que se utilizarían para captar las imágenes, dice el informe de Contraloría.
Rechazo de multas
Los análisis del equipo de control sobre la ejecución del contrato concluyeron que el sistema rechazó injustificadamente 389 infracciones, lo que ocasionó que el municipio deje de percibir 50 mil 405 dólares del porcentaje de participación que le correspondía, según los términos del contrato.
Sustentado en sumillas insertas en solicitudes de los infractores, el administrador del contrato solicitó luego rechazar otras 227 infracciones, por 29.534 dólares.
Se habría argumentando la presentación de certificados médicos, cambio del límite de velocidad y excesos menores a un kilómetro por hora, decisiones que no se respaldaron en sentencias judiciales, incumpliendo la Ley y el Reglamento de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
Otra observación es la de las infracciones que fueron notificadas de forma extemporánea, sin cumplir el debido proceso.
Además, otras notificaciones no se realizaron, lo que provocó que el Municipio no reciba 91 mil 789 dólares.
Retiro de radar
Hasta la media noche de hoy, 6 de enero de 2022, tenía plazo la empresa concesionaria Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES), para retirar el fotorradar de la avenida Bolivariana entre avenida Luis Aníbal Granja y el redondel de Terremoto. (CNS)