El hacinamiento carcelario en el Ecuador, bordea el 32%. La población penitenciaria asciende a las 38 mil personas, cuando la infraestructura física solo tiene capacidad para 26 mil.
O sea que, alrededor de 12 mil personas viven amontonadas, en celdas con espacios reducidos, donde no tienen las condiciones necesarias para una vida digna.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cataloga al hacinamiento penitenciario como una forma de trato cruel, inhumano y degradante.
De los 54 Centros de Privación de Libertad para adultos, que hay en el país, solo 22 no tienen sobrepoblación. Es decir que, en 31, las personas viven en hacinamiento.
Cárcel de Ambato
La cárcel de Ambato, es uno de estos lugares, en donde la sobrepoblación es un tema permanente. Hasta el jueves 25 de febrero de 2021, había 832 reclusos, cuando la capacidad solo permitía alrededor de 450 personas.
Para la madrugada del viernes 26 de febrero este número ascendió a 871, luego del traslado de 39 reos desde la Cárcel Regional de Guayaquil, ante la crisis carcelaria que vive el Ecuador.
La matanza del martes 23 de febrero, en Guayaquil, Cuenca y Cotopaxi, acabó con la vida de 79 reos que murieron brutalmente asesinados.
Según un comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de La Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), “las personas trasladadas no generan peligrosidad y su reubicación se debe a que podrían ser víctimas de hechos violentos en el futuro”.
El DATO: En la masacre del martes 23 de febrero fueron asesinadas 79 personas.
Preocupación
Pero esta decisión, generó temor y preocupación en los familiares de los internos y las autoridades locales.
Jorge (nombre protegido) es padre de un hombre que se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel de Ambato, el hombre de 71 años, estuvo la mañana de ayer, sábado 27 de febrero, a las afueras del centro penitenciario preguntando cómo estaban las cosas.
“Desde que empezó esta pesadilla en las cárceles, estoy asustado por mi hijo, pero mi angustia aumentó cuando me enteré del traslado de los presos de Guayaquil, me da miedo que empiecen a hacer amotinamientos aquí y mi hijo salga herido o muerto”, dijo Jorge.
Elena (nombre protegido), hermana de un interno, dijo que, desde la reubicación de los reos, no ha podido estar tranquila. “Estoy preocupada con todo lo que se escucha, además no he podido comunicarme con mi hermano, no sé ni cómo estará”, mencionó la mujer.
Mientras que el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, a través de un comunicado en redes sociales, pidió a las autoridades nacionales aumentar la seguridad. “Se exige a los diferentes organismos del Estado (Policía Nacional y Centros de Rehabilitación Social) redoblar la seguridad en el centro de reclusión de Ambato, así como investigar a profundidad el porqué de las masacres simultáneas y brindar atención urgente a las necesidades que tienen cada uno de los centros penitenciarios del Ecuador”, decía el comunicado.
Seguridad
El teniente coronel Felix Fiallos, jefe del distrito Ambato Sur, indicó que la Policía Nacional triplicó la seguridad afuera de la cárcel. “Estamos concentrados en este lugar con personal policial y de las Fuerzas Armadas, para minimizar cualquier intento de amotinamiento o fugas”, mencionó.
Fiallos informó que hasta el momento no se registraron disturbios en el centro penitenciario, “desde que fuimos informados del traslado de las personas privadas de la libertad hemos reforzado la seguridad”.
Diario La Hora intentó tener la versión de Melina Sarzosa, directora encargada de la cárcel de Ambato, quien después de una llamada telefónica, aseguró que se comunicaría con este medio de comunicación, pero no lo hizo.
La gobernadora de Tungurahua, Gabriela Rodríguez, aseguró que pidió un informe al SNAI de cómo se encuentran los privados de libertad y si tenían la capacidad para que permanezcan ahí. (APQ)
Consecuencias de los traslados
El coronel Mario Pazmiño, presidente del Observatorio de la Política de Seguridad Integral del Estado, aseguró que las autoridades, todavía no entienden la dimensión de la problemática carcelaria.
“Cuando hay los traslados, en ese momento, se evitará que las acciones violentas aumenten, pero lo que acaban de hacer es una metástasis, es decir, expandir la violencia hasta otros centros carcelarios”, dijo Pazmiño.
Además, cuestionó “la ineficiencia y la corrupción”, que existen en los centros penitenciarios, “no podemos hablar de eficiencia cuando no funcionan los sistemas de seguridad como cámaras, inhibidores, cuando las llaves de los pabellones las controlan los caporales, los mismos delincuentes. Entonces no se tiene ninguna garantía con que los traslados sean exitosos o que no vayan a presentar mayores problemas. Estas personas que llegan, que son de alta peligrosidad, lo que van a hacer es imponer la ley y la ley se la impone en estas estructuras, en base de violencia”.
También manifestó que otra preocupación, son los enfrentamientos en el exterior, “en el crimen organizado trasnacional y en el narcotráfico las deudas se pagan y esta es una guerra que inicia. Lo que va a pasar, si no se toma las medidas necesarias es que, seguirán los amotinamientos y la violencia saldrá de las cárceles a la ciudad y será más agresivo porque empezarán a controlar el territorio. Habrá un despliegue de violencia”, finalizó Pazmiño.