En el inciso 15 del artículo 326 de la Constitución del Ecuador se da a conocer la prohibición explícita de la “paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles…”.
Bajo esta disposición, el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, luego de reunirse con los representantes de la Unión de Transportistas Urbanos y Rurales de Ambato, señaló que el gremio debe asumir las consecuencias de sus decisiones.
En la parte final de la reunión, Manuel Zamora, presidente de la Unión, señaló que las operadoras no sacaron sus unidades, pues no contarían con los recursos para sostener su labor diaria, por lo que le solicitó a Altamirano que las operadoras no sean sancionadas.
Como respuesta, el Alcalde señaló que hay un hecho Constitucional que debió haber sido analizado antes de decidir la paralización del servicio de transporte urbano y rural en la ciudad y que tiene un órgano de control, la Contraloría General del Estado, que lo obliga a actuar base a la ley.
Así, como Administración Municipal, se asumirá el costo político que esta paralización y sus secuelas, por lo que los transportistas también deben asumir las consecuencias de sus decisiones.
Adicionalmente, Altamirano señaló que “respecto a la suspensión actuaremos conforme a derecho con las sanciones correspondientes”.
Y finalmente, luego de la reunión con los agremiados, el Alcalde enfatizó que “es importante señalar que no existen, en este momento, condiciones adecuadas para un posible aumento en la tarifa”. (NVP)