IBARRA
Familiares de Andrés Padilla, quien falleció en medio de un operativo contra la delincuencia en el control policial de la zona de Mascarilla, solicitaron la aclaración y ampliación de la sentencia absolutoria dictada a favor de David Velasteguí, policía del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), acusado de la muerte, quien fue declarado inocente el 26 de diciembre de 2019.
En su argumento, volvieron a resaltar la supuesta indefensión en la que el fallecido se habría encontrado al momento del impacto de bala, desestimando, desde su punto de vista, la legítima defensa del uniformado, que se ventiló en la última diligencia judicial, por la que el comando fue liberado de culpa.
No les dieron paso
En respuesta a la solicitud interpuesta por la parte acusatoria, el Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, en sus consideraciones, destacó que el veredicto de inocencia hacia el policía se encuentra motivado en lenguaje sencillo, comprensible, que permite entender la decisión, que “no es oscura, ni ambigua, y no incurre en imprecisiones que justifiquen una solicitud de aclaración”.
La respuesta hace notar, además, que es el pedido escrito formulado por los demandantes el que no ha sido claro, o al menos sustentable para lo que solicitaron, encontrando hasta faltas ortográficas en la redacción, por lo que finalmente los operadores de justicia negaron el recurso interpuesto.
El fiscal a cargo del caso, por su parte, interpuso el recurso de casación al estado de inocencia del que hoy goza el uniformado, para que sea nuevamente evaluado por esta instancia.
Junto al funcionario, los abogados de la parte acusatoria también interpusieron el mismo recurso ayer.
Otros hechos
Este no es el único caso en el que un uniformado se ha visto inmiscuido por hacer uso de su arma de dotación en medio de procedimientos policiales.
En el último acontecimiento en el que un policía disparó a un maleante, hecho registrado en Guayas, éste no fue privado de su libertad, pues la justicia operó en favor del efectivo, cuando el fiscal a cargo del hecho no ordenó prisión, aduciendo que salvaguardó su vida y la de la colectividad en general.
Mientras que la situación enfrentada por el uniformado del GOE fue contraria, desde el 23 de agosto de 2018, cuando fue privado de su libertad durante un año y cuatro meses, hasta que una nueva valoración de su estado de inocencia lo dejó libre de responsabilidades y se determinó que su actuación estuvo enmarcada en legítima defensa, según la resolución de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. (DLH)
DATO
Un enfrentamiento policial y ciudadano se dio en el control policial, donde murió una persona en 2018, tras secuestrar una wincha y pasar por encima de cercos policiales que intentaron detenerlos.