Quito, EFE
Alrededor de 100.000 personas en la Amazonía de Ecuador se ven afectadas por vertidos de petróleo en dos ríos, causados por la rotura de tuberías de tres oleoductos construidos en una región altamente sísmica y erosionada.
Los hechos se remontan a la primera semana de este mes, en plena crisis sanitaria por el COVID-19 en el país, que ha eclipsado esta otra emergencia medioambiental y humana que impide a las comunidades ribereñas el acceso al agua, a la pesca o cultivos, su principal sustento en momentos de restricciones y aislamiento por la pandemia.
Una coalición de ONG locales ha reclamado al Gobierno y a las petroleras involucradas (una de ellas estatal) responsabilidades sobre lo sucedido y censuran que se procedió tardíamente a realizar acciones para impedir un derrame que ha llegado a Perú, y que las labores de remediación son inciertas.
La rotura de tres tuberías del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), se produjo por un deslizamiento de tierra y provocó derrames de crudo en el río Coca, que posteriormente alcanzó el Napo llegando hasta comunidades indígenas en el país vecino.
Las petroleras, que se han apresurado a tender vertientes alternativas y garantizar que el suministro de petróleo pese a los cortes, aseguran que se trató de un evento natural de «causa mayor» y que están inmersas en un proceso de reparación de afectaciones en el que intervienen empresas líderes internacionales.
Consultada por Efe, OCP aseguró que «cerró válvulas el 7 de abril al final de la noche» y que su vertido fue «por inercia, el remanente que quedó en la tubería», aunque no tienen aún un calculo exacto del número de barriles vertido. Aseguran asimismo, que han ofrecido agua y alimentos a la población.
Pero las explicaciones no convencen a los afectados.
Derrame de magnitud
«No tenemos unas cifras que nos sean convincentes. Al inicio hablaron de que se habrían derramado 4.000 barriles. Luego OCP reveló en el Parlamento que fueron 8.900 barriles», refiere a Efe Carlos Mazabanda, coordinador de Ecuador para Amazon Watch, organización que conforma la plataforma que monitorea el vertido.
Precisa que derrames similares que afectaron a las mismas poblaciones en 2009 y 2013, tuvieron parecido impacto y considera que «no hay transparencia del Estado para saber cuál fue la cantidad real de crudo derramado».
«Hemos tenido derrames anteriores, pero la magnitud con la cual hoy se ha contaminado es bastante preocupante», indicó por su parte Olger Gallo, dirigente de la comunidad Panduyaku, en la parroquia Gonzalo Pizarro, de la provincia de Sucumbíos.
Conformada por 183 familias y alrededor de 800 habitantes, su comunidad afronta la incomunicación geográfica y el aislamiento por el coronavirus, además de ver como su economía se ha esfumado.
Su asentamiento es uno de los primeros en el curso del río al que llegó el vertido y rememora cómo apareció anegado de crudo.
«Todo estaba contaminado de petróleo, al amanecer encontramos en las orillas, peces, serpientes y ranas muertas, las chacras (campos) con sus cultivos afectados», por la crecida del río debido a fuertes lluvias en la zona.
En la actualidad ya no fluye el petróleo, pero el río «está devastado» y las manchas negras presentes a lo largo de toda la rivera, en plantas, animales, rocas y sedimentos, pese a las constantes riadas y precipitaciones.
Más de 150 comunidades indígenas afectadas
«Son 150 comunidades indígenas, 24 parroquias afectadas y una proyección estimada de población de 113.000 personas», valoró Mazabanda.
Reconoce que esta cifra puede resultar impactante, pero incluye a 2.000 familias indígenas kichwas y a los 60.000 habitantes de la ciudad de Coca, cuya fuente principal de agua era el río del mismo nombre y que ha tenido que abastecerse del Payamino, que también presenta contaminación por hidrocarburos.