Son ya casi tres años de la develación de casos de esclavitud moderna ejercida contra 103 trabajadores de una hacienda.
Luego de aproximadamente ocho horas de instalada la audiencia de Acción de Protección en contra del Estado ecuatoriano y la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, por segunda ocasión fue ayer suspendida en la Unidad Judicial de Santo Domingo. Situación que causó malestar a los demandantes, quienes dijeron que tenían la esperanza que se diera un veredicto final.
Mayra, dijo que como accionante se siente indignada al ver cómo los de la empresa manipulan a las personas que trabajan con ellos, “esperamos que el juez tome una buena decisión, para que el resultado sea a favor de nosotros”.
Se les dijo que se les notificará cuando se vuelva a instalar nuevamente la audiencia.
Testimonios
Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, manifestó que se recogieron testimonios de la defensa, siendo el punto central que el caso no debería tratarse de esta manera. “Insisten que es un problema administrativo y laboral, nosotros recalcamos que es un problema de derechos humanos”.
Pese a que se había anunciado que en esta ocasión la audiencia sería virtual, se hizo presencial, a decir de Iturralde en busca de garantizar los derechos de los accionantes, para que puedan escuchar su juicio.
“La gente se pronunció y se pidió que sea de esta forma, en la primera audiencia no se dio acceso a las instalaciones, en esta ocasión se dispuso un auditorio, hubo problemas de comunicación al inicio pero se resolvió. Esperamos que en la próxima audiencia se resuelva el caso a favor de las familias trabajadoras”, especificó.
Antecedente
En febrero de 2019, salió a la luz el caso de esclavitud moderna, que 103 trabajadores vivían bajo el yugo de la empresa Furukawa Plantaciones C.A.
A las 08:30 se instaló la audiencia, en la Unidad Judicial de Santo Domingo, ubicada en el edificio del Palacio de Justicia.El mismo año, un informe de la Defensoría del Pueblo, comprobó que cientos de personas trabajaban con salarios inferiores a los 200 dólares, en condiciones indignas de vida, trabajo infantil, enfermedades laborales e, incluso, impedimentos para su inscripción en el Registro Civil. A esto se suma que ninguno tenía seguro social.