La exigencia para que la transportación urbana, siendo un servicio público, brinde un óptimo servicio a la ciudadanía ha sido una constante durante muchos años, pero la realidad enfrenta dos lógicas diametralmente distintas: Un servicio público (transporte urbano) en manos de empresarios privados.
Esta dicotomía provoca que el derecho del ciudadano, a recibir un servicio adecuado, dependa de los intereses económicos de los empresarios privados, quienes están acostumbrados a ejercer presión a las autoridades de turno para alcanzar “beneficios” que salen del bolsillo de todos los contribuyentes.
Sorprende escuchar las “propuestas” de los representantes de las empresas privadas de transporte urbano, quienes exigen, con amenazas de paralizar el servicio, que la municipalidad cubra sus gastos operacionales (combustible, pago de chofer, mantenimiento) y como si fuera poco, quieren que del escaso presupuesto municipal (recursos que pertenecen al pueblo) les paguemos sus deudas y sus créditos con los bancos.
La preguntan es: Si es tan malo el negocio, por qué no se dedican a otra actividad, si son tan buenos empresarios como dicen ser? Claro que no, algunos de sus dirigentes poseen varias unidades, no afilian al seguro social a sus choferes, laboran sin contrato de trabajo los “oficiales”, sobre explotan a sus trabajadores quienes laboran en condiciones precarias.
Urge que Santo Domingo se proponga a mediano plazo constituir un sistema municipal de transporte urbano, tal como lo hicieron en su momento ciudades como Quito (Trole, Ecovía, Metro), Guayaquil (Metrovía) y Cuenca (Tranvía), de tal forma que los ciudadanos al fin tengamos un servicio público, realmente público y de calidad.