ANDRÉS GÓMEZ CARRIÓN
Si hay algo que ha sido estable en los últimos años en Ecuador es la inestabilidad política. La corrupción se ha configurado en el mal principal del Estado en sus distintos niveles de organización política, práctica que se ha institucionalizado lo que convierte su erradicación en una labor compleja pero no imposible.
El Estado tiene que continuar con el proceso de restructuración en dos fases: institucional y personal. El primero significa evaluar y fiscalizar las prácticas que han desempeñado las instituciones en los últimos años y sus mecanismos de ejecución, con el fin de identificar qué tan apegadas al marco legal han estado. La Senain es, quizá, el ejemplo más fehaciente de la creación y solidificación de una institución pública con fines de interés nacional que se deconstruyeron en objetivos personales.
En un segundo momento se debe realizar una restructuración personal. Esta es una evaluación a quienes encabezaron las principales instituciones públicas, teniendo como meta identificar qué métodos al margen de la ley se han utilizado para satisfacer necesidades ajenas al bien público. El tema de los ‘diezmos’, caso que logró la destitución de una legisladora y la vicepresidenta, es una huella de los niveles de penetración que alcanzó la corrupción a través de prácticas que con el tiempo se han ido normalizando.
Por consiguiente, el Estado debe continuar centrando esfuerzos en restructurar el Estado a través del fortalecimiento de las instituciones públicas y del nombramiento de personas probas para recuperar la confianza colectiva en el sector público.
Mientras eso sucede, la inversión pública, la inauguración de obras, los logros en política internacional, y demás éxitos que el gobierno central alcance se seguirán supeditando a los escándalos de corrupción heredados desde hace algunos años.