El joven sufrió el impacto de una bomba lacrimógena hace 7 años. Hoy tiene 24. Permanece en estado vegetativo.
Si Édison Cosíos Pineda no hubiera sido víctima de la violencia policial, esa que atraviesa la historia de América Latina, es probable que hoy fuese egresado o graduado de alguna universidad del país.
Tiene 24 años, pero su vida se esconde en una nebulosa, que es la lucha de sus padres contra el Estado y por la justicia. La tragedia que acabó con la familia cumplirá 7 años en septiembre de este 2018.
Mientras tanto Vilma, su madre, se dedica a cuidarlo en su estado vegetativo, al interior de su casa. Los recursos escasean y el padre teme perder su empleo por problemas económicos de la empresa donde labora.
La noticia de esta semana, sobre un nuevo aliento en los casos del universitario desaparecido David Romo, el general Jorge Gabela, el exasambleísta Galo Lara y el activista político Fernando Balda, los empuja a pedirle al presidente Lenín Moreno que también regrese la vista al caso de su hijo.
La situación económica, pese al apoyo mínimo del Ministerio de Salud, es inaguantable, mientras expresan que la Justicia les ha cerrado sus puertas.
Crimen de Estado
Están convencidos de que el impacto de bomba que su hijo recibió en la cabeza, en el contexto de una protesta al interior del Colegio Mejía, fue un crimen de Estado.
“Nosotros lo que estamos pidiendo es justicia. Se cometió un crimen de Estado, el expresidente Rafael Correa lo admitió, por cinco ocasiones ha estado sentado aquí, en esta casa”, expresó Vilma Pineda.
EL DATO
En casación, se bajó la penal del exagente responsable del crimen a Cosíos de 8 a 5 años, por lo que pudo salir mucho antes en libertad.Siguiendo esa lógica, a principios de mayo, presentaron una demanda por daños y perjuicios ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sin embargo, el mismo declaró prescrita la acción, pues han pasado más de 5 años desde la tragedia.
Según el abogado de la familia, el defensor público Wilson Camino, la responsabilidad del Estado comienza desde la sentencia de casación, que fue en 2013.
También se les negó un pedido de revocatoria a esa decisión, por lo que anuncian una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y, si no fueran escuchados, el caso de Edison Cosíos irá a instancias internacionales, específicamente, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (MMD)