Diversidad de criterios sobre la tercera pregunta de la Consulta Popular

(foto archivo)
Comicios. Los ecuatorianos aún no conocen bien las preguntas de la consulta popular.
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Comicios. Los ecuatorianos aún no conocen bien las preguntas de la consulta popular.

La tercera pregunta del Referéndum que lleva a las urnas el próximo 4 de febrero a los ecuatorianos es: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?”.

El abogado en libre ejercicio, Andrés Montes de Oca, respecto a esta interrogante mencionó que cualquier cambio que decida el pueblo será bienvenido, “para conseguir al menos teóricamente el desmontaje del correísmo, que abarcó y dominó a todas las funciones del Estado”, señaló.

Sin embargo, la concejal del cantón Santo Domingo Amada María Ortiz, en entrevistas previas, señaló que eliminar dicha institución implicaría dar a una sola persona el control de las instituciones del Estado, que durante todo este tiempo han sido elegidas mediante concursos de mérito.

“Si los funcionarios que están, no cumplen bien con sus funciones, deben ser removidos, pero eso no implica necesariamente la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, acotó.

Modificaciones

Sobre este tema, en la convocatoria que difundió el Consejo Nacional Electoral, se explica que, de ganar el sí, se daría por la “Terminación anticipada de periodo: se dan por terminados los periodos constitucionales de los consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes cesarán en sus funciones el día en que se instale Consejo que llevará a cabo la transición”.

De acuerdo al anexo se explica que “los representantes de las entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos a enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Ejercerán sus funciones durante un período de 5 años, a excepción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuyo mandato será de 4 años”. Además, se dispondría que “los consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada cuatro años”. (ARR)

TOME NOTA

La consulta popular será el 4 de febrero de 2018.

Campaña

Hasta el 1 de febrero se extiende la campaña electoral, en la que las organizaciones políticas con acción a nivel nacional podrán impulsar sus posturas, ya sean a favor o en contra. Para esto, el Consejo Nacional Electoral ha destinado alrededor de 4 millones de dólares.