LA CONCORDIA. Los moradores del barrio ’10 de Agosto’ de este cantón, no están de acuerdo con la colocación de una antena de telefonía celular, en un solar vacío, temen a la radiación.
Es así que el miércoles 8 de septiembre, funcionarios de la empresa, tuvieron que solicitar la presencia policial para realizar mediciones en el predio alquilado, para la colocación del dispositivo, porque los habitantes del lugar no les permitieron ingresar.
La presidenta del barrio, Mercedes Peralta, manifestó que nunca han socializado el tema con nadie y por eso acudieron al Municipio para reclamar, porque desde ahí autorizaron el permiso del uso de suelo, sin previo aviso a los vecinos del sector.
“En la sesión de Concejo municipal, dijeron que los ediles, iban a venir a verificar los problemas que está ocasionando esa autorización que han dado. Aquí viven personas vulnerables y con enfermedades catastróficas que serían afectadas”, expresó la dirigente.
Mientras que Jorge Crespo, dijo que vive a escasos metros de donde pretenden construir la antena, su padre tiene 93 años de edad y es muy vulnerable a la radiación.
“Amanecimos con un enorme despliegue policial en el barrio, trajeron un bus lleno de uniformados, igual no nos vamos a dejar amedrentar por una transnacional que solo quiere imponernos una antena que emite ondas electromagnéticas que causan problemas en la salud”, indicó Crespo.
Permisos
Por su parte Cristhian Ávila, quien se identificó como representante de la empresa de telefonía móvil, explicó que cuentan con todos los permisos correspondientes para poner la antena.
La presencia policial se debió según dijo, a que durante 3 años han intentado colocarla y los moradores se han opuesto.
“Esta antena mejora la estética del sector, porque donde ahora hay maleza y basura, se montará una base con limpieza total del predio. Además, una antena que tenemos en este mismo barrio será desmontada. Los organismos de salud a nivel mundial, han informado que no causan daños en la salud humana”, afirmó. (JAR)
El dato
10 mil dólares es el valor del permiso municipal que pagó la empresa para poner la antena.