Cree que una de las necesidades prioritarias es eliminar las zonificaciones en el país.
El 24 de mayo de 2022 el actual Gobierno Nacional, liderado por Guillermo Lasso, cumple un año en funciones. Sin embargo, el avance ha sido lento debido a los múltiples problemas y deudas heredadas de las administraciones pasadas.
Orlando Amores, analista político de Santo Domingo, considera que se necesita una restructuración a nivel estatal para lograr avances notorios en las diferentes provincias, porque mientras esto no ocurra será muy difícil tener una base para impulsar procesos de desarrollo.
“No podemos pedir que en el ámbito local esté bien el sector público, si el ámbito público nacional está mal. No hay Estado en el Ecuador, entonces no me pida que haya prefecturas”.
Problemas heredados
Contundente al decir que hubo una década de despilfarro, corrupción y acumulación de deudas. Así describe Amores a la administración gubernamental de Rafael Correa, calificándola como la causante de la crisis actual en el Ecuador.
“Todos los que han ejercido autoridad desde el 2007 nos han fallado. Hay que cortar la cabeza de la serpiente y esa es la Constitución”, expresó Amores.
Consulta
Cree que se necesitan cambios radicales en todos los poderes del estado. Para él, una de las mejores alternativas es que se convoque al pueblo ecuatoriano a una consulta popular.
“Hay que recuperar el estado de derecho. El colectivo de Santo Domingo, que yo dirijo, propone reformas constitucionales con todas las preguntas que desestructuran el estado de Montecristi.
En lo local
Una de las principales críticas en contra de las autoridades provinciales anteriores se orienta a la zonificación del país. Cree que faltó decisión y lucha para evitar que Santo Domingo de los Tsáchilas dependa de Portoviejo.
En lo referente a obras, coincide con el criterio de muchos ciudadanos al decir que ha faltado voluntad política para que se plasme la ampliación de la vía Alóag – Santo Domingo.
También se suma al rechazo por la habilitación de nuevos peajes en la vía Quevedo. “Es una necesidad cuando la carretera está concluida y hay un eficiente mantenimiento, pero no pueden cobrar antes que se dé el servicio”. (JD)