El CRS Bellavista tiene capacidad para 910 personas y alberga más de 2.000. El inmueble y el personal no garantizan servicios de rehabilitación.
A escala nacional hay 37.201 privados de libertad y, al momento, existe un 30% de hacinamiento.
Entre las medidas del Gobierno para remediar esto se encuentran los decretos 264 y 265. Mediante el segundo, y con el fin de reducir el hacinamiento en los complejos carcelarios del país, el Ejecutivo exhortó a la Defensoría Pública que facilite su patrocinio a las personas privadas de la libertad a fin de conceder indultos a quienes padecen enfermedades catastróficas, enfermedades terminales, tuberculosis multidrogorresistentes y coinfección TB-VIH.
Mauricio Sotalín, director provincial de la Defensoría Pública, explicó que el estado de una persona con discapacidad le otorga un alto grado de vulnerabilidad que, en función de sus derechos, le permite acceder a prisión domiciliaria.
“Estas personas necesitan cuidados e instalaciones especiales que no existen en los centros de reclusión del país”, indicó Sotalín.
Aclaró que es importante revisar y analizar el proceso para emitir un criterio oficial y plantear la defensa. Los casos son diferentes y existen dos alternativas: la administrativa y la constitucional.
“Hace pocos meses tratamos el juicio de una persona con el 50% de discapacidad, a pesar de presentar documentos y parámetros que concedan medidas especiales, el juez mantuvo la sentencia. Durante el proceso agotamos la vía administrativa para aplicar la vía constitucional, que apela por los derechos humanos. Días después, el mismo juez dictaminó el arresto domiciliario”, expuso el funcionario.
Sobrepoblación
Mencionó que Ecuador cumple con los tratados internacionales que valoran la vida humana, minimizando la discriminación y el agravio. Aun así, habla de un cambio de ‘chip’ de un país inquisitivo a un país rehabilitador.
Especificó que existe una sobrepoblación carcelaria que se intensifica por la falta de información entre instituciones, la burocracia desmedida en los procedimientos y el irrespeto a los derechos humanos.
“Por ejemplo, la cárcel de Bellavista tiene capacidad para 910 personas y alberga más de 2 000. El inmueble y el personal no garantizan servicios de rehabilitación”, puntualizó.
Estos inconvenientes, aseguró Sotalín, reflejan los pocos casos de indultos a escala nacional. Durante el año, tres o cuatro medidas alternativas como el arresto domiciliario se otorgan a personas en situación de vulnerabilidad.
Calvario
Uno de los casos en Santo Domingo de los Tsáchilas que, según se indica requiere atención de indulto, es el de Erik S., quien tiene el 87% de discapacidad.
Su esposa Sara Herrera dijo que sufre un verdadero calvario. Indicó que fue detenido por un supuesto caso de tráfico de drogas.
Comentó que atendía fletes mediante vía telefónica, utilizaba un auto adaptado para personas con discapacidad. “Los viajes le permitían traer algo de dinero para cubrir algunas necesidades”.
Hace un año lo contrataron para entregar un cartón en la terminal terrestre de Santo Domingo. El traslado lo realizó en compañía de su hermano, quien tiene antecedentes penales. Antes de llegar al destino, la Policía Nacional los detuvo para realizar una revisión de rutina, constatando que la caja contenía sustancias ilegales.
“Hemos agotado todos los recursos económicos. Contratamos un abogado sin buenos resultados. Mi esposo es víctima de un engaño. La justicia es mañosa, al punto que para implicarle en el caso cambiaron su teléfono con el de su hermano y así conseguir una evidencia falsa. Jamás se realizó el perito o la verificación de las huellas en la caja”, mencionó.
“Ya no tenemos dinero y ahora el abogado nos pide 3.000 dólares para comprar la libertad de una persona inocente”, sostuvo.
Situación
Sara tiene dos hijos y ha convivido ocho años con su esposo, quien sufrió un accidente al cambiar el techo de su vivienda. Se electrocutó y cayó al piso, “Son años de discapacidad y una larga lista de males que le aquejan”.
Indicó Sara que su esposo tiene neumonía severa, derrame facial, quemaduras de 2 y 3 grados. Necesita sondas, medicamentos especiales, pañales y silla de ruedas. (CMY)