La mayoría de los uniformados presentaron una acción de protección y otra de medidas cautelares.
271 Agentes Civiles de Tránsito de Santo Domingo se cansaron de supuestos incumplimientos e iniciaron acciones legales con el objetivo de obtener garantías laborales dentro de la empresa pública municipal de Transporte Terrestre (EPMT).
Los uniformados consideran que no tienen seguridad laboral. Algunos temen perder sus puestos de trabajo, ya que existirían advertencias por parte de los representantes de la entidad pública.
Ayer, lunes 16 de agosto, se desarrolló una audiencia en la sala 201 del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo. Sin embargo, fue suspendida por ausencia del delegado de la Procuraduría General del Estado y del síndico del Municipio.
Problemas
A la medida se sumaron los uniformados de la primera y segunda promoción. En su mayoría coinciden que las cosas están mal dentro de la institución, pero temen a las represalias en caso de perder el procedimiento judicial.
“Se ha notado vulneración de derecho a los reglamentos y planes de carrera. Decidimos exigir que se nos regule, han pasado tres años y seguimos igual”, dijo uno de los agentes.
Actualmente tienen vigente un contrato en base a la Ley Orgánica del Servidor Público. Ellos piden que se los enmarque al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), ya que esto les asegura un mejor salario y el ascenso por rangos.
Otros denuncian supuestos malos tratos por parte de los principales funcionarios y temen perder sus puestos de trabajo. “Los trapos sucios se deben lavar dentro de casa. Una persona que te critica públicamente, no merece ser líder del cuerpo de agentes de tránsito porque eso genera el irrespeto de la ciudadanía”.
Argumentos legales
Carlos Lucero es uno de los juristas que representa a los uniformados, quién reveló que se presentó una acción de protección y otra de medidas cautelares.
El jurista dijo que se han vulnerados varios derechos, entre ellos: la seguridad jurídica y al trabajo. Citó como ejemplo que hay uniformadas en estado de gestación y que no se les estaría dando el trato establecido en la ley.
“En el mes de diciembre del 2017 entra el Coescop y en las disposiciones transitorias ordena que es observancia y aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. Tenían 180 días para aplicarlo, además, el plazo de un año para homologarlos y garantizarles la profesionalización”, expresó Lucero. (JD)