Un grupo de transportistas y moradores de la zona rural rechazan la normativa.
Hasta el momento el cobro aún no se aplica, pese a que el proceso de matriculación vehicular está en curso desde inicios de febrero para los medios de transporte con placas terminadas en el dígito 1.
Novedades
La normativa establece la cancelación de $ 12 por cada vehículo (sin importar el tonelaje o número de ejes) y $ 6 para las motocicletas que pasen la revisión en esta jurisdicción.
La prefecta Núñez, indicó que ordenanza ya está subida al registro oficial y que cuenta con todos los parámetros legales para su ejecución.
En las siguientes horas prevé reunirse con los representantes de los dos municipios para definir el tema e iniciar con el proceso. Explicó que hay un convenio con el banco del Pacífico para que se haga la recaudación y habilitaron una cuenta única en el banco Central, a la que será transferido ese dinero.
“La ordenanza ya está en vigencia. La Agencia Nacional de Tránsito emitió su resolución, dándole a conocer a los municipios que coordinen con la prefectura para iniciar el cobro y que sea un requisito dentro de la matriculación”, expresó Núñez.
En desacuerdo
Carros embalados de plásticos negros, carteles con textos de rechazo y el sonar de las bocinas destacaron en la jornada. Caminaron hasta El Paraíso, pero hicieron una pausa en el Gobierno Parroquial para entregar un manifiesto.
Luis Caizapanta, representante del Frente Unido de Alluriquín, no está de acuerdo con la ordenanza y aseguró que un grupo de transportistas ya interpuso un amparo constitucional.
“También estamos preparando acciones legales porque nunca hubo socialización. Nosotros no vamos a permitir que se vulneren derechos, toda la provincia merece respeto”, manifestó el dirigente.
Juan Betancourt tampoco está de acuerdo y aseguró que no fueron llamados a las mesas de diálogo. “Este impuesto que pretende ser aplicado no va a dar solución a la vialidad de la provincia”, expresó. (JD)