La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó que en su periodo de sesiones de noviembre efectuará una audiencia virtual por el caso de la supuesta desaparición del ecuatoriano Luis Eduardo Guachalá Chimbo, persona con discapacidad mental.
Este caso se refiere a la presunta desaparición mientras él se encontraba en un centro público de salud mental de Quito, en enero de 2004.
La acusación indica que el Estado vulneró el derecho a la capacidad jurídica de la presunta víctima al institucionalizarla en un centro de salud mental sin su consentimiento informado.
Por este motivo, según los demandantes, el internamiento de Guachalá constituyó una privación de libertad arbitraria incompatible con la Convención Americana y una forma de discriminación por su condición de discapacidad.
En este período ordinario de sesiones 138 de la CorteIDH, que se llevará a cabo del 2 al 26 de noviembre de manera virtual debido a la pandemia, los jueces también deliberarán sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por Colombia acerca de las obligaciones en materia de derechos humanos de un Estado que ha denunciado la Convención Americana. EFE
Otros casos
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, llevará a cabo la audiencia pública, de manera virtual, por el caso Hernández y otros contra Honduras. Este caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado por la alegada ejecución extrajudicial de Vicky Hernández, mujer transexual y defensora de derechos humanos, entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009, mientras estaba vigente un toque de queda.
Según la demanda, la muerte de Vicky Hernández ocurrió en dos contextos relevantes. Por una parte, el contexto de violencia y discriminación contra personas Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero (LGBT) en Honduras con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública y, por otra, el golpe de Estado ocurrido en el año 2009.
Entre otras acciones, el tribunal deliberará sobre los casos Olivares Muñoz contra Venezuela; Mota Abarullo contra Venezuela; Almeida contra Argentina y Casa Nina contra Perú.
Los jueces también supervisarán el cumplimiento de diversas sentencias e implementación de las medidas provisionales que se encuentran bajo su conocimiento.