Daño a bienes públicos ‘agota’ los recursos de la ciudad

OCT, 14, 2020 |

El intento de movimientos indígenas por derribar un monumento le costará a Quito $7.800. Ciudadanos exigen protección de bienes patrimoniales.

Según el Banco Mundial, un tercio de la superficie de una ciudad la ocupan espacios públicos: desde calles, plazas de barrios, parques y monumentos, hasta instalaciones como bibliotecas y mercados.  La institución hace referencia de estos lugares como parte de la ‘riqueza oculta’ de una urbe y señala que no protegerlos significa una carga que genera una espiral negativa, que agota los recursos públicos y agrava otros problemas de las ciudades.

Quito no es solo la capital de los ecuatorianos, también fue la primera ciudad en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Precisamente, el 8 de septiembre el Municipio celebraba 42 años de esta distinción y resaltaba la importancia de cuidar su patrimonio.

“Una gran responsabilidad para continuar nuestro apoyo, conservación, reactivación, porque es una joya (Quito) que todos debemos proteger”, dijo ese día Jorge Yunda, alcalde de la ciudad. Sin embargo, un mes después, mientras movimientos indígenas intentaban derribar una estatua, ubicada al centro-norte de la capital, Yunda permanecía en silencio.

Pese a la evidencia en video y el tiempo que duró el episodio de vandalismo, no existen detenidos ni sancionados, aunque la Ordenanza Metropolitana 332 estipula una multa para quienes dañen bienes públicos o privados. 

Desprotección por intereses políticos 

Para la exsambleísta  Paola Vintimilla, la desprotección de Quito por parte del Municipio es evidente: “Realmente no quiere contradecir o irse en contra de los indígenas. Eso lo vivimos hace un año (paro octubre 2019) y lo vivíamos ahora igual”.

La postura Municipal denota, según Vintimilla, que los intereses políticos juegan un papel fundamental. Pues, cuando otros colectivos han causado destrozos la Alcaldía ha manifestado su rechazo inmediatamente. “En este caso, el Alcalde piensa que le podría perjudicar ponerse contra este sector de la Conaie. Hay gente puesta por él participando en la Asamblea”.

Este criterio es compartido por el abogado Andrés Castillo, quien señala que no es nueva la postura de Yunda frente al actuar de los movimientos indígenas. “En octubre de 2019 tampoco se pronunció. Hay una connivencia por parte del Alcalde para permitir que este tipo de cosas sucedan”.

El momento electoral que vive el país también ha impedido que otros actores políticos se pronuncien, asegura Castillo. “No les conviene pelearse con el movimiento indígena”.

Protección ciudadana

Aunque el intento de derribar la estatua, ubicada en la calle Madrid y avenida 12 de Octubre, falló, el espacio quedó manchado con pintura. Además, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), determinó daños y pérdidas de rejas de contorno de cisterna, quince boquillas de agua para pileta, cinco reflectores de pileta rotos y porcelanato destruido. El valor de estos daños será de $7.800.

Este hecho motivó a que Castillo presente dos denuncias por delito de odio y daños a bienes públicos y patrimoniales contra Leonidas Iza,  presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), quien dirigió la movilizaciones de Octubre de 2019 así como el plantón del pasado lunes.

Estas acciones legales son el mecanismo de protección que deben iniciar los ciudadanos, dice Vintimilla, pues considera que la idea no es realizar contramarchas para defender a la capital.

Una ciudad vulnerable 

No solo la Ordenanza Municipal 332 sanciona el daño a bienes públicos. También está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) cuyo artículo 204 señala que la persona que destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses.

“Si mañana, nosotros los quiteños, vamos a Riobamba, a Latacunga y destrozamos un monumento, te aseguro que estamos presos. Porque es lo lógico, es lo que hace un alcalde”, dice Vintimilla, quien aspira a que la Fiscalía realice una investigación que siente un precedente de sanción a los daños al patrimonio quiteño.

Sin esto, la capital seguirá vulnerable a nuevas movilizaciones. “Si esta vez la ciudadanía no reacciona, no va a haber quién les pare”, agrega.

La acción legal, añade Castillo, es una alerta para que, de repartirse estos actos, intervenga el Ministerio de Gobierno y los órganos de seguridad de la ciudad. “Nos defenderemos y defenderemos a la ciudad con la ley en la mano”.

“El Alcalde (Jorge Yunda) hace caso omiso al clamor de la ciudadanía pidiendo que proteja la ciudad”, Paola Vintimilla, exasambleísta.

¿Reivindicación histórica?

Bajo la premisa de ‘reivindicación histórica’, en varias ciudades del mundo han sido derribados monumentos de personajes de la colonización. Esa habría sido la motivación de quienes intentaron hacer lo mismo en Quito.  Sin embargo, Andrés Castillo, abogado, señala que hay mecanismos legales que permiten quitar un monumento. Un ejemplo es la escultura de Néstor Kirchner, que fue retirada hace un año del edificio de Unasur, en Quito.

Castillo hace énfasis en que la motivación por la que demandó a Leonidas Iza,  presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), no tiene que ver con que el monumento afectado sea de Isabel la Católica. “Si no que fue una más de todas las faltas de respeto que han tenido los dirigentes indígenas con la ciudad”.

Recordó que en octubre de 2019, los mismos movimientos indígenas destruyeron 5.000 árboles, (uno de más de 100 años), para hacer barricadas. “El año pasado, no era un monumento, pero se levantaron todas las veredas del parque el Arbolito, el año pasado no eran monumentos y se tomaron la Asamblea Nacional”, añade el abogado. (AVV)

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