Una solución para que los habitantes de la Pisulí y la Roldós, en el noroccidente de la ciudad, no tengan que viajar 50 minutos en buses para llegar a La Ofelia sigue pendiente.
Mauricio Paz, quien vive en la Roldós, confirma que con los trancones que se producen en el redondel del Condado los carros tardan casi una hora hasta llegar a La Ofelia.
La anterior administración municipal inició la construcción de los Quito Cables para dar respuesta a esta problemática, pero el proyecto tuvo oposición.
Ahora el alcalde, Jorge Yunda, dijo que revisará el tema legal y la información del proyecto, para saber por qué no se avanzó en su construcción.
Yunda dice que los escenarios son: hacer prevalecer el contrato firmado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército o, si la parte legal no prospera, darlo por terminado. En el caso de que la construcción se retome, planea conversar con los moradores de las zonas que serán intervenidas, “siempre pensando en beneficio de los barrios”, dijo.
El exgerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Iván Alvarado, planteaba tres opciones, exigir el cumplimiento del contrato, emprender un nuevo proceso de contratación o realizar una alianza público-privada.
La oposición
Patricio Molina, vocero de los propietarios de los predios que fueron expropiados, espera que la obra no continúe y que se revisen otras opciones como la ampliación de la calle principal. Argumentó que esa línea de los Quito Cables ya no costará los $42 millones previstos inicialmente, sino $60 millones y no será una solución definitiva.
EL DATO
Se aplicaron 34 expropiaciones. La construcción de la obra estaba prevista para finales de 2018.Según sus cálculos hay un pago de $18 millones pendiente al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que en mayo de 2018 desistió de construir el proyecto, pero tiene un contrato firmado con el Municipio y 2 millones que están en el Contencioso Administrativo y corresponden a expropiaciones.
El dirigente informó que hubo personas que sí recibieron las indemnizaciones por los que ahora son predios municipales. “En el caso de que ellos no quieran perder la casa deben devolver la plata que recibieron”, refirió. (PSD)