La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunciará en la Fiscalía 39 posibles casos de contratación pública a empresas fantasma.
Los miembros de la Comisión analizaron una “pequeña muestra” de información del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre 2012 y 2016, y encontraron que 18 instituciones públicas pagaban facturas a 22 empresas fantasmas.
Así lo dieron a conocer ayer en una rueda de prensa en la que calificaron la presunta irregularidad como gravísima e inusitada, porque se trataría “casi exactamente de que se lleven directamente la plata”, según Juan Esteban Guarderas, abogado de la CNA.
En el análisis de las bases de datos del SRI, que fue entregada después de que el Ejecutivo las desclasificó, se identificaron los pagos a entidades de papel, lo que para la Comisión es un “esquema simple y descarado de corrupción”, que no estaba controlado.
Con esta investigación, los miembros consideran que hay 10 tipos penales identificados que deberán ser investigados por Fiscalía: delincuencia organizada, asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, enriquecimiento privado, defraudación tributaria y lavado de activos.
Perjuicio
Los pagos a empresas fantasma, de la muestra recogida, representarían un perjuicio potencial al Estado de $28,6 millones. Por ejemplo, la CNA identificó que cuatro operaciones bordearon de uno a cinco millones de dólares. Además, encontraron que la institución que más habría contratado a empresas fantasma fue la Prefectura del Guayas con 14 contrataciones.
EL DATO
Las empresas fantasma están definidas en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entre las 18 instituciones que habrían entrado a ese esquema se encuentran el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el Instituto Nacional de Preinversión, las prefecturas de Orellana, Los Ríos y Chimborazo, entre otras. “Se generalizó la compra de facturas”, señaló ayer Jorge Rodríguez, coordinador nacional de la CNA.
Una vez que se presente la denuncia, los integrantes esperan que la Fiscalía solicite las actas de entrega-recepción de los productos de las contrataciones, verifique los procesos de licitación y contratación, analice la justificación de las instituciones para los contratos y realice peritajes técnicos de los montos pagados. (AGO)