Han pasado 17 días desde que los jueces de la Corte Constitucional se posesionaron y ya se han evidenciado los primeros cambios. En dos sesiones, una la anterior semana y otra ayer, se dio el sorteo automático de 972 causas.
A través de una plataforma tecnológica, creada por la propia institución y que será certificada por la Escuela Politécnica Nacional, se busca garantizar transparencia e imparcialidad en la admisión, explicó el presidente de la Corte, Hernán Salgado. Cada causa fue distribuida a los jueces, a través de un sorteo aleatorio. Los nueve magistrados ahora forman parte de una sala de admisión, con tres tribunales, que trabajarán simultáneamente.
Con esto, se busca agilizar la entrada de 3.500 procesos represados en esa etapa, los cuales serán revisadas cronológicamente, con excepción de los casos que tienen un plazo establecido por Ley, como consultas enviadas por jueces de primera instancia o pedidos de consulta popular.
En la anterior administración existía una sala de admisión de tres jueces, que cumplía su trabajo en el plazo de 30 días, antes de la conformación de una nueva sala.
Daniela Salazar, vicepresidenta de la Corte, explicó que los cambios se dieron con las reformas al Reglamento de Sustanciación de Causas y dijo que con el sorteo automático se garantiza celeridad, porque ya no se requiere una urna con ‘papelitos’ para designar los procesos.
Otros ajustes
Los jueces constitucionales mantienen debates internos sobre los criterios de admisibilidad. Pero, también han tenido que revisar temas administrativos, desde organizar los muebles de sus oficinas (una inclusive tenía licorera), revisar el personal y el manejo de los archivos.
La Hora conversó con dos jueces, quienes comentaron sus primeras impresiones. (AGO)
‘Hemos encontrado un despilfarro’
Carmen Corral, Jueza constitucional
¿Cómo encontró la Corte?
Me sorprendió muchísimo que todo se solicitaba a la Secretaría Técnica, en lugar de sustanciar en los despachos. El sorteo manual, con papelitos, me ha escandalizado. Las causas están en un cuarto desde el piso hasta el techo.
Hemos encontrado un despilfarro. Siendo la misión el tema jurisdiccional, solamente el 30% del personal es de esa área y el 70% es administrativo, debería ser al revés.
Todo el personal administrativo está en otro edificio, por el que se pagan 12.000 dólares mensuales. En Guayaquil hay una oficina regional por la que se pagan 13.000 y donde trabajaban ocho personas.
¿Qué cambios se hará en el área jurisdiccional para el manejo de causas?
El sorteo automatizado. Ya hicimos el primer sorteo en cinco minutos. En segundo lugar, respetar el orden cronológico. Es un cambio radical, porque garantizamos la independencia y la imparcialidad. Lamentablemente, el rumor es muy fuerte de que ha existido un tarifario para admisión, para sentencia. Eso se acabó. Estamos dando un giro radical: cero corrupción.
¿Modificarán también la estructura administrativa?
Estamos cambiando las cabezas de las direcciones. Queremos refrescar y es muy sano que con esta nueva visión también vengan a ayudarnos.
¿Se hará una investigación de las presuntas irregularidades sobre uso de bienes de la Corte?
Quienes vengan a hacerse cargo del tema administrativo deberán hacer un diagnóstico de dónde hubo corrupción.
Hay una representación de mujeres con larga trayectoria profesional, ¿se ha dado paso a una representación femenina en la Corte?
Hay una total armonía y un total respeto. El aporte de la mujer va a ser fundamental. Las cuatro somos jóvenes y esa visión se completa con la experiencia del doctor (Hernán) Salgado. La mujer irá ganando terreno y representatividad.
También existe una diferencia de edad y de visión del derecho. ¿Cómo se tratarán temas polémicos, como el aborto?
Habrá que analizar la posición de cada juez, que probablemente va a ser distinta. Como el objetivo es uno solo, rescatar la Corte y la constitucionalidad del país, estamos todos arrimando en esa dirección. Probablemente tengamos discrepancias, pero habrá que, con todo respeto y criterio jurídico, presentar los argumentos.
‘El Presidente de la Corte era un ‘súper juez’’
Ramiro Ávila, Juez constitucional
¿Cómo encontró a la institución?
Uno se imagina que empieza a ser juez en el minuto uno. Me imaginaba que había una institucionalidad. Mi primera sorpresa fue sentir que llego a un lugar casi bodega, vacío, con muebles arrumados, no equipado.
¿Qué le falta para tener esa solidez?
Un aparato administrativo. Hay un aparato burocrático excesivo. Dos tercios de la institucionalidad son funcionarios administrativos, todos con nombramiento. Me da la impresión de que lo administrativo se blindó y lo jurisdiccional se descuidó.
Hay cosas anecdóticas. Hay un edificio que se llama ‘De los gatos’ (adquirido por la administración de Patricio Pazmiño) que es disfuncional y está destruido. Las reparaciones cuestan el doble de lo que costó el edificio.
¿Van a revisar el manejo de los bienes de la Corte?
Hay una intención clarísima de optimizar recursos. Hemos tenido recortes presupuestarios porque, como la Corte estuvo en vacancia, no hubo quién gestione. La Corte opera, más o menos, con nueve millones de dólares; es relativamente barata.
¿Cuál es ahora el rol y la misión de la Corte?
Vamos a fortalecer los equipos técnicos de los jueces. En el modelo anterior, existía una Secretaría Técnica muy grande, bajo la supervisión del Presidente de la Corte. Hubo distorsiones, porque esa Secretaría hacía las sentencias. El Presidente era un ‘súper juez’ o la Secretaría, un ‘décimo juez’.
La Secretaría deja de hacer sentencias. Las sentencias las hacen los jueces. Eso significa desinflar el equipo de 30 personas y fortalecer los despachos.
¿Qué hará entonces la Secretaría?
El trabajo de relatoría, de seguimiento y asistencia técnica a los jueces.
¿Cómo va a ser el trabajo de cada juez con el tratamiento de las causas?
Una de las claves está en los criterios de admisibilidad, que se van a ir puliendo. Los criterios fueron muy laxos en unas acciones y muy restringidos en otras.
¿Era discrecional?
Hay unas distorsiones enormes. El 92,5% de las causas lo representan las acciones extraordinarias de protección. De las 3.200 sentencias que dictó la Corte anterior, solo ocho fueron para sentar jurisprudencia.
La Corte fue una cuarta instancia de la Función Judicial. Ese no es un buen mensaje. A la Corte le compete entrar en la Función Jurisdiccional solo si hay violaciones de derechos, pero todo se consideraba violación al debido proceso. El Estado tuvo una atención privilegiada, si era el Estado o alguna instancia gubernamental se admitían las causas.