El sistema de monitoreo está plagado de problemas. El grillete de Alvarado reportó tres alarmas de retiro antes de su fuga.
El dispositivo de vigilancia electrónico, comúnmente conocido como ‘grillete electrónico’, se puede sacar de dos maneras: con una llave especial o simplemente cortándolo con una tijera industrial (o forzándolo con otros objetos).
Lo dice el gerente de la empresa China National Electronics Import & Export Corporation (Ceiec), Wang Fei, que vendió al Ministerio de Justicia 4.000 aparatos en 2016 (3.000 para circulación con restricción de movilidad, 400 para arresto domiciliario y 600 para quienes tienen impedimento para acercarse a otra persona).
Fei muestra una fotografía de un dispositivo destruido por un usuario. “Mucha gente dice que debería ser imposible sacarse, pero no es así”.
Desde la implementación del proyecto, 1.997 dispositivos han sido dañados y otros 110 han sido vulnerados. Del primero grupo, 1.434 dispositivos no han podido ser arreglados, por lo que el Ministerio recibió 1.163 equipos nuevos, aplicando la garantía y la siniestralidad establecidos en el contrato de adquisición. Cuando hay un intento de vulnerar o dañar el dispositivo para retirarlo se emite una de las 18 alarmas que se reciben en el centro de monitoreo, una que llaman de ‘pulsera abierta’. Esta alarma corresponde al 17% de todas las que reciben los 13 equipos, ubicados en Quito, Guayaquil y Cuenca, que monitorean a 2.231 personas. La alarma que más se presenta es ‘fuera de línea’, siendo el 33% del total (ver infografía).
EL DATO
Los equipos tienen un tiempo de vida útil de entre cinco y seis años.El 8 de enero de este año, el Ministerio envió el oficio MJDHC-PIDGPE-2018-0011-0, en el que el gerente de proyectos solicita a Ceiec que “presente una propuesta de solución a los inconvenientes que se están presentando”. Uno de los inconvenientes era que 728 personas reportaban alarmas falsas de pulsera quitada, 294 alarmas falsas de salida ilegal y 57 de lejos de casa.
En otro oficio del 25 de septiembre, el Ministerio hizo una solicitud a la empresa para que reponga 358 dispositivos “que han generado 6.890 alarmas falsas de pulsera quitada”, entre el primero de agosto y el 14 de septiembre de 2018.
Según la documentación entregada por el Ministerio a este Diario, la empresa no habría solucionado los inconvenientes porque el 11 de octubre, en otro oficio, se recoge que: “En los datos almacenados se evidencian los problemas con los dispositivos en uso”.
¿Cómo funciona?
“No existen alarmas falsas”, sostiene el gerente de Ceiec. De acuerdo con él, todo el equipo está funcionando adecuadamente y cada vez que existe una alarma, es real. Por pedido del Ministerio, explica, cada vez que existe un intento de sacarse el dispositivo se emite una alarma cada cinco segundos, aunque en otros países, como China donde la empresa tiene 20.000 equipos en funcionamiento, se emite cada 30 segundos.
Además, no se da únicamente cuando se abre la correa, sino cuando se rompe el ‘anillo magnético’. Este anillo se crea cuando se cierra la correa y puede ‘abrirse’ con un movimiento brusco, como cuando se juega fútbol, explica Juan Carlos Jiménez, director de tecnología de Ceiec.
Cuando se recibe la alerta, se sigue un protocolo. El Ministerio de Justicia estableció tres niveles de alarmas: críticas, mayores o menores. Para cada caso, hay una acción determinada. Por ejemplo, cuando hay reportes de batería crítica o pulsera sacada, los operadores deben comunicarse con los usuarios.
Así lo hicieron en el caso del exsecretario nacional de Comunicación Fernando Alvarado, procesado por peculado, que se quitó su grillete y se fugó. Su dispositivo tuvo tres revisiones por alertas de pulsera quitada. Su dispositivo emitía alarmas en un rango de un minuto, pero según los reportes estaba en buen funcionamiento.
Frente a esto, el experto en telecomunicaciones Gales Chiriboga recalca que los ‘grilletes electrónicos’ están diseñados para personas “que no deberían ir a la cárcel” y que son “de baja probabilidad de fuga”.
EL DATO
Varios equipos se han reutilizado entre dos y seis veces.El Código Penal establece que los operadores de justicia, cuando ordenan medidas cautelares, pueden solicitar el uso de los brazaletes cuando las procesadas estén embarazadas, cuando se prohíbe la salida del país o se dispone arresto domiciliario.
Además, en la etapa de ejecución de la pena, en los casos de mujeres embarazadas que estén con arresto domiciliario y cuando las personas han cumplido al menos el 60% de la pena y están en etapa de reinserción familiar, laboral, social y comunitaria.
La medida buscaba evitar el hacinamiento en las cárceles, dijo la exministra de Justicia Ledy Zúñiga, en su comparecencia en la Asamblea, al ser llamada para explicar lo ocurrido con Alvarado. “Los dispositivos están dañados porque se entregaron a personas que no debían. El dispositivo se puede destruir”, puntualiza el experto e insiste que “los dispositivos son de baja seguridad”, por lo que pueden ser abiertos. Además, cuestiona que no se ha hecho un análisis de la carga operativa y sostiene que no se pueden aplicar medidas con nombre y apellido.
Otros contratiempos
Este no es el único problema que ha reportado el Ministerio. Desde el 6 de julio de 2017, ha enviado varios oficios a la empresa exponiendo que existirían: anomalías en la gestión de alarmas, desprendimiento de seguro metálico o daño en carcasa, mal funcionamiento de los dispositivos.
Según el reporte que dio Vanessa Mejía, exsupervisora de operadores, quien salió de la institución después de que Alvarado se fugó, cada día se hacían entre 25 y 30 revisiones técnicas a los usuarios por presuntos desprendimientos o por cables de carga dañados.
Ella evidenció cómo los “problemas son a diario”. Registró fallas en el sistema, que impedían monitorear a tiempo real, provocando que la información llegara con una hora de retraso. Había problemas con el reconocimiento facial para las personas que estaban con arresto domiciliario y la localización de los usuarios resultaba errónea.
Todas las fallas, dijo durante su comparecencia, fueron reportadas a sus superiores y se envió información a los proveedores, sin recibir una respuesta. Hasta el 9 de noviembre, el Ministerio ha reportado 1.326 incidentes en el software, hardware y en los dispositivos.
La empresa entregó, junto a los dispositivos el software, hardware, data center, capacitación y sistema de comunicación para que el Ministerio de Justicia opere, en coordinación con el 911.
En agosto de este año, se suspendió su uso por terminación del contrato. En octubre, la Contraloría presentó el examen especial a todo el proceso de adquisición y ejecución de los equipos, entre el primero de enero de 2016 y el 30 de abril de este año y, entre los resultados, encontró que “la cantidad de dispositivos de vigilancia que el Ministerio de Justicia adquirió no se sustentó en estudios y diseños completos, definitivos y actualizados”.
Por eso, el 81,5% de los grilletes para personas con arresto domiciliario y el 97% para el programa de protección a víctimas no habían sido utilizados. También, que hubo un valor de 1’220.408 dólares por multas que no se cobraron y que superan el 5% del del contrato.
Fei niega que existan problemas con los equipos. “El dispositivo es a prueba de agua, de vibración, no es fácil de destruir” y argumenta que, en el caso de Alvarado, “hemos probado y ha sido comprobado por las autoridades que tecnológicamente no hubo fallas”. (AGO)
CIFRAS
9,5
MILLONES anticipo entregado
4.1
MILLONES deuda contratista
13,7
MILLONES precio del contrato
