Ayer se instaló la audiencia de acción de protección, que por problemas técnicos y de traducción no prosperó.
El ‘hacker’ australiano Julian Assange conocía que Ecuador le establecería un ‘protocolo de convivencia armónico’ alrededor de dos meses antes de que el documento le llegara a la embajada en Londres, donde está asilado desde junio de 2012.
En agosto de este año, la Cancillería envió una carta a su procurador judicial, Baltazar Garzón, indicando que debido a que el asilo se había prolongado más de lo esperado y al no existir una salida próxima a su situación, tenía dos alternativas.
Una, entregarse a la Justicia británica con la garantía de que no sería extraditado a otro país y que, en función de que no haber acudido a los controles de su libertad condicional, tendría una pena máxima de seis meses.
O, quedarse en la embajada todo el tiempo que quisiera. De ser ese el caso, se le enviaría un el protocolo para cumplir dentro de la oficina, donde comparte la sala de reuniones, la sala de espera y la cocina con seis funcionarios ecuatorianos. Sumado al protocolo de asilo, que incluye no interferir en la política interna del Estado asilante o en el de las naciones que tengan buena relación con Ecuador.
Esta información fue dada a conocer ayer por el procurador general, Íñigo Salvador, horas después de que se suspendió la audiencia de acción de protección solicitada por el activista.
El recurso
De acuerdo con la defensa de Assange, el Estado estaría conculcando sus derechos con el establecimiento de dicho protocolo, que incluye, entre otras cosas, un régimen de visitas (número y horario por día) y reglas de higiene (según el Procurador su mascota recorre toda el área sin ningún control). Por esto, el viernes pasado presentaron un recurso de acción de protección, en el que se explica que existirían violaciones por la incomunicación, al no tener acceso a Internet, y aislamiento.
Sin embargo, Salvador enfatizó que “Ecuador ha protegido los Derechos Humanos de Assange desde que fue asilado hasta la fecha” y que no existe ningún interés de retirar dicha condición. Pero dijo que su presencia en la embajada “interfiere si no es llevada con los márgenes de convivencia armónica con el servicio público que la misión diplomática brinda”.
La audiencia
Ayer, la jueza de la Unidad Judicial Civil, Karina Martínez, instaló la sesión a las 09:15, pero un poco más de una hora después tuvo que suspenderla por problemas técnicos en el audio de la videoconferencia y dificultades en la traducción.
EL DATO
Todavía no hay fecha para la audiencia. Cuando se instale la jueza conocerá los amicus curiae solicitados por tres personas y tres organizaciones.Por eso, las palabras de Assange fueron pocas ante los sujetos procesales y el público, aunque sí pudo comunicarse de forma privada con sus abogados durante alrededor de 10 minutos, concedidos por la magistrada, quien pidió a todos retirarse de la sala. Según su abogado, Carlos Poveda, durante dos años y medio no se había podido comunicar con él.
Este petición fue cuestionada por Salvador porque, según él, hubo el tiempo suficiente para que la defensa se comunicara con Assange, aunque la jueza señaló que no fue hasta antes de ayer que se confirmó el correo electrónico y los números para establecer contacto.
Pero el Procurador reveló en la tarde, que entre junio y octubre de este año, Assange recibió 62 visitas en el embajada, incluyendo la de su abogado, por lo que rechazó que estuviera violando su derecho a una defensa técnica.
También negó que las declaraciones que diera el activista durante la audiencia pudieran ser usadas para retirarle su calidad de asilado y recalcó que cuando se reinstale la sesión, tanto la Procuraduría, como la Cancillería entregarían la información sobre su derecho a la comunicación y a no estar en aislamiento. (AGO)