Donativos llegan a albergues temporales todos los días sin regulación. Experto asegura que el Estado debe actuar.
Desde hace una semana, las vidas de Jesús Suárez, su hermano y su cuñada han transcurrido entre la sala de espera y la vereda del corredor de salida de la terminal Quitumbe. Ahí ofrecen caramelos con un cartel que empieza con las palabras: “Soy venezolano”. Estos días han sido testigos de la solidaridad de la gente que llega con comida, cobijas y hasta con dinero para que quienes quieren ir a Perú o Chile compren sus pasajes.
Suárez, de 35 años, cuenta que unas 60 personas duermen en el piso y las bancas de la terminal y que por la mañana salen a buscar oportunidades laborales.
Él quiere quedarse en Quito pero aún no ha conseguido dinero para arrendar un cuarto. Al lugar también llegan “personas con otros intereses”, comenta Raúl L. (nombre protegido) quien ha visto cómo se han llevado en autos a algunos jóvenes de los que nadie ha vuelto a saber nada. “Le ven sentado y se acercan, poco a poco, lo primero que preguntan es si uno es venezolano”, dice el caraqueño de 24 años.
Situación de albergues
“¿Qué pasa si alguien dona dinero, llega a la gente que lo necesita?”, se pregunta Ramiro Camacho, analista en seguridad. Él considera que es el Estado el que debe controlar las donaciones a través de recibos oficiales.
También “los albergues deben ser manejados por expertos”, asegura Camacho al compararlos con escuelas y hospitales.
En el caso de Quito, sostiene que “deberían haberse activado tres albergues en la ciudad: el San Juan de Dios, en el centro, uno en el sur y otro en el norte”.
“Un albergue tiene que ser organizado, tiene que buscar organizar la vida de las personas que llegaron al país”, acota el experto, quien ha colaborado con organismos internacionales.
Recomienda que cualquier ayuda se enfoque en devolver a las personas la dignidad, levantarles el ánimo y la moral, brindarles ayuda sicológica y médica y acompañarlos hasta que conozcan la ciudad.
Sobre todo, afirma que se deben cumplir con las normas internacionales que existen para la activación de refugios.
Normas mínimas
Uno de los referentes es la ‘Carta Humanitaria y normas mínimas de respuesta humanitaria’, en la que se mencionan lineamientos en el tema. Este manual fue propuesto por el Proyecto Esfera, que se inició en 1997 y está conformado por organizaciones no gubernamentales.
Algunos principios que se mencionan con respecto a los refugios colectivos son: “Todos los miembros de la población afectada cuenten con acceso seguro al agua, a las instalaciones de saneamiento, a la sanidad y a la eliminación de desechos sólidos”.
También se establece que los campamentos temporales planificados o de propia habilitación de carácter temporal estén basados en una superficie mínima de 45 metros cuadrados por persona y que el terreno sea apropiado para excavar los pozos de las letrinas.
En el documento se agrega que “el Gobierno y otras autoridades competentes son responsables de garantizar que se respeten y se cumplan los derechos de la población afectada”. Para esto y todo lo anterior, se reafirma que las personas deben tener acceso a la asistencia humanitaria, “de acuerdo con sus necesidades y sin sufrir discriminación adversa”.
Movilidad humana
A inicios de este año, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) confirmaba que entre 2015 y 2017 el número de inmigrantes venezolanos en Latinoamérica había ascendido de 89.000 a 900.000 personas. Esto representaba un crecimiento de más del 900 %.
En Ecuador, las cifras también fueron incrementando progresivamente, solo en 2017, la cifra que presentaba el Ministerio del Interior de Ecuador era de 227.810 venezolanos que ingresaron a través del puente internacional Rumichaca, del total 156.622 habían salido por la frontera sur con Perú. Quienes se quedaron fueron 71.188.
“Que exista libre movilidad pero que se respeten las leyes”, afirma Camacho, quien insiste en que se debía haber formado un callejón humanitario en el que el Gobierno ecuatoriano pusiera buses para que los viajeros pudieran continuar su recorrido. Una solución similar a la que aplicó la Alcaldía de Cali la semana pasada cuando transportó a más de 400 personas en buses hasta la frontera con Ecuador.
El analista también hace una observación sobre seguridad y asegura que se debería establecer una conexión directa entre los Ministerios de Interior de Ecuador y Venezuela para revisar los antecedentes de las personas que llegan. (PCV)
Nueva fase migratoria
° Según Ricardo Camacho, este año se estaría viviendo en Ecuador la cuarta fase de la migración. La primera fue hace casi dos años cuando los ciudadanos llegaban en vuelos aéreos, con posibilidades de establecerse. La segunda se re-gistró hace un año, cuando los buses llegaban a Rumichaca directo desde Cúcuta con pasajeros que tenían recursos para pagar más de 100 dólares.
La tercera empezó cuando los jóvenes empezaban a tener mayores dificultades en el viaje y tenían que hacer escalas por falta de recursos. Finalmente, la última se caracteriza por la llegada de personas con menos recursos y que se trasladan caminando desde su país.
Acciones
° Este diario constató que aún no se han activado los albergues que el Municipio ofreció para recibir a la población venezolana.
A escala nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador anunció el 4 de agosto que facilitará el ingreso y salida de menores de edad. La decisión se tomó por la llegada de unos 200 niños que viajaban con sus familias. En una entrevista con el medio colombiano El Tiempo, el presidente, Lenín Moreno, aseguró que “hemos acogido y ofrecido oportunidades para quienes se han quedado, con políticas de migración segura, ordenada y regular”. Sin embargo, los albergues del Estado tampoco se han activado.
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