Consejo de Participación se enfoca ahora en la Corte Constitucional

Sesión. Cuatro puntos constan en el orden del día de la sesión del Consejo transitorio.
Sesión. Cuatro puntos constan en el orden del día de la sesión del Consejo transitorio.

Es el paso previo antes de convocar a los jueces constitucionales para que expongan sus argumentos.

A tres meses de iniciada la evaluación de la Corte Constitucional, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (Cpccs-t) conocerá hoy el informe técnico y proyecto de resolución sobre la gestión de los jueces constitucionales.

De acuerdo con el reglamento, el estudio se pondrá en conocimiento de las autoridades de la Corte para que ejerzan su derecho a la defensa, primero remitiendo por escrito sus pruebas de descargo y luego en audiencia pública.

La evaluación contempla cinco parámetros: la legitimidad del cargo, donde se analiza la posible injerencia entre poderes, así como la independencia e imparcialidad de la autoridad designada; cumplimiento de funciones, para identificar posibles violaciones a la Ley o arbitrariedades en el ejercicio de sus cargos; debida gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana.

Sobre la gestión de la Corte Constitucional se presentaron 158 denuncias ciudadanas, que fueron revisadas por el equipo técnico para la elaboración del informe, que también analizó los informes de gestión remitidos por las autoridades constitucionales.

El contexto
El informe de evaluación que será conocido por el pleno del Cpccs-t se da en un momento en que la Corte Constitucional ha “acelerado” su trabajo y se ha pronunciado, después de varios años, sobre temas que han sido sensibles para el país.

La semana pasada, por ejemplo, derogó las enmiendas constitucionales que la Asamblea aprobó en 2015 y que generaron demandas de inconstitucionalidad por parte de varios sectores.

158
Denuncias ciudadanas se presentaron contra la Corte Constitucional. El 13 de julio emitió una polémica sentencia relacionada a los derechos de educación, sexuales y reproductivos de los adolescentes.

Antes, el 29 de mayo, aceptó una acción extraordinaria de protección y autorizó la inscripción en el Registro Civil de Satya, una niña nacida en Ecuador, con el apellido de sus dos madres; una causa que había ingresado en el 2012.

En marzo dejó sin efecto el techo a las utilidades y el retiro del 40% de aporte estatal a las pensiones jubilares.

Análisis
Estos pronunciamientos tardíos sobre causas represadas no constituyen más que un intento de las autoridades de la Corte Constitucional por ganarse el favor de una parte de la ciudadanía, considera María del Carmen Maldonado, exmagistrada constitucional. Desde su experiencia por haber integrado ese organismo, sostiene que la actuación de los jueces, sobre todo en la derogación de las enmiendas, resulta hasta contradictoria poniendo en riesgo el derecho a la seguridad jurídica del país. “La Corte Constitucional dictaminó la vía e hizo un análisis de constitucionalidad. Esa resolución fue firmada por los mismos jueces que ahora firman esta otra sentencia que deja sin efecto el dictamen. Las contradicciones y el proceder antijurídico es evidente y enorme”, afirma Maldonado.

José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), una de las organizaciones que demandó la inconstitucionalidad de las enmiendas y que siempre presionó para que se las elimine, dijo que los últimos fallos –tardíos- no eximen a la Corte del proceso de evaluación y si se determina que ha actuado de manera irresponsable, cesar a sus autoridades.

Agregó que hay aún demandas pendientes que no han sido atendidas, lo que evidencia cuál ha sido la gestión de la Corte Constitucional. (HCR)

Solicitud de destitución
° El colectivo Red Vida y Familia anunció que hoy entregarán al Cpccs-t una solicitud de destitución inmediata de la Corte Constitucional por el fallo de los derechos a la educación sexual de los adolescentes.