Las autoridades de cuatro instituciones públicas deberán presentar un informe sobre las licencias para la construcción de la hidroeléctrica ‘Maravilla’, en el río Alambí, en Nanegal, al noroccidente del Distrito. La disposición se conoció en el documento de admisión emitido por la defensora del pueblo, Gioconda Benitez, el 3 de julio.
Desde esa fecha, corre el plazo de ocho días para que el Ministro de Ambiente, la secretaria de Ambiente del Municipio, el director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y el gerente general de la Empresa Eléctrica Quito entreguen lo dispuesto a la Defensoría del Pueblo.
El pedido para que se analice este caso lo ingresó el biólogo Édison Ortiz Durán, habitante la parroquia rural, quien presentó por escrito su reclamo frente a una supuesta falta al debido proceso en la emisión de la licencia para la construcción del proyecto, que “afectaría al turismo y tendría un fuerte impacto ambiental”.
Desde febrero de este año, Ortiz y otros habitantes del sector se han pronunciado en contra del proyecto, pues aseguran que no se conversó con los dueños de propiedades cercanas al río Alambí, antes de que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) emitiera la licencia.
El plan de construcción aprobado para la hidroeléctrica contempla que se maneje de forma público-privada, entre la estatal Empresas Públicas Pichincha Hidroequinoccio y la firma privada Constructora Nacional.
Detalles
Los estudios de diseño y construcción del proyecto, que generaría 9 megavatios de potencia consta en la planificación de Empresas Públicas Pichincha desde 2016.
Según el informe de ese año, la central abastecería las necesidades de consumo nacional. Adicionalmente, en los documentos de 2017 de la misma empresa, figura un ‘Acta de coordinación de aplicación de los mecanismos de participación social 006-AC-UCAP-DPAPCH-MAE-2017’ con el Ministerio de Ambiente, en la que se plantea realizar reuniones con diferentes actores de la parroquia.
Sin embargo, los moradores sostienen que no hubo el debido proceso, por lo que esperan que la Defensoría del Pueblo tome acciones para “tutelar los derechos de la naturaleza y las personas que pueden ser afectadas”. (PCV)
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